viernes, 30 de enero de 2026

El Tribunal Constitucional frena el bloqueo arbitrario de las cuentas bancarias

 Santo Domingo, RD 

Después de años de litigio, Nelson Odalis Soriano logró que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara detener la paralización irregular de sus productos financieros, luego de que su cuenta bancaria fuera bloqueada en 2019 sin una orden judicial que lo respaldara.

Soriano denunció que, pese a acudir a la Superintendencia de Bancos y al Tribunal Superior Administrativo (TSA), no obtuvo respuesta efectiva frente a la medida adoptada por la entidad financiera. 

El TC finalmente le dio la razón en su sentencia número TC/0952/25 al establecer que el bloqueo carecía de sustento legal.

La sentencia también evidenció las arbitrariedades que, según el alto tribunal, enfrentan los usuarios del sistema bancario como consecuencia de la aplicación indiscriminada de medidas vinculadas a la prevención del lavado de activos.

El ciudadano fue involucrado junto a otras personas en una investigación que llevaba a cabo el Ministerio Público por presunto narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego. 

En virtud de ese proceso, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal autorizó a la fiscalía a obtener su información financiera y la entrega de los documentos relacionados, sin que esto implicara, como advirtió el pleno constitucional, la inmovilización o bloqueo de sus activos.

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El TSA rechazó

El Banco de Reservas procedió a paralizar sus cuentas hasta tanto él presentara documentos que justificaran el origen de los fondos. Inconforme con esta decisión, Soriano interpuso una acción de amparo que el TSA rechazó por no verificar la vulneración de los derechos invocados. 

La alta corte revocó esta sentencia en octubre del 2025 por considerar que era contraria al derecho, procedió a conocer el recurso de amparo y ordenó levantar el bloqueo. 

El colegiado concluyó que la actuación de Banreservas y de la Superintendencia de Bancos habían sido "manifiestamente arbitrarias".

"Inicialmente se certificó que el procedimiento seguido contra el accionante correspondía a una inmovilización de fondos y, posteriormente, se alegó que se trataba de una solicitud de información... Tal proceder constituye una violación de su derecho fundamental de propiedad", argumentó el TC.

Diario Libre consultó a la Asociación de Bancos de la República Dominicana sobre la recurrencia de esta práctica, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo su respuesta.

@diariolibre.com

El ITLA se mueve entre el brillo tecnológico y la sombra de la politización

 Santo Domingo, RD 

Cuando Brenda Salas se graduó en el 2011 como profesional en Desarrollo de Software en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), de inmediato consiguió empleo en una empresa industrial dominicana que, según narró, quedó "cautivada" con sus conocimientos en tecnología.

Salas estudió en el ITLA gracias a una beca del programa de educación continua del centro y su formación le ha permitido adquirir experiencia en el área industrial, en software y en el desarrollo de la ciberseguridad, además de recibir ofertas laborales internacionales que superan los 3,000 dólares en salarios.

El caso de Brenda solo es una muestra de la misma experiencia que pueden narrar miles de jóvenes dominicanos que ven en el ITLA una oportunidad para desarrollarse profesionalmente fuera de las áreas académicas comúnmente ocupadas que ofrecen las universidades dominicanas.

Sin embargo, a pesar del éxito de sus egresados, el ITLA atraviesa un episodio de contrastes. Mientras la institución celebra, a través de su portal, récords históricos de graduandos y una mayor expansión territorial, su reputación institucional es sacudida por escándalos de supuesta corrupción y la reciente destitución de su titular, Rafael Féliz García.

A pesar de las turbulencias administrativas recientes, la entidad se mantiene como uno de los motores de formación técnica en el país. Según datos de la Presidencia de la República y reportes de las graduaciones XVIII y XIX realizadas a finales de 2025, la institución ha alcanzado un acumulado aproximado de 6,519 egresados desde su fundación en el año 2000.

Solo durante el año 2025, el instituto lanzó al mercado laboral a 1,012 nuevos técnicos, que es la cifra más alta en sus 25 años de historia. Este éxito que expone la institución se traduce en que el 87 % de sus egresados logra insertarse en el mercado laboral casi de inmediato, según destaca su portal de transparencia.

Expansión y oferta

La oferta académica de la institución ha crecido para responder a las demandas, no solo de la República Dominicana, sino internacionales.

Actualmente, el instituto imparte 16 carreras técnicas, entre las que destaca la recién creada carrera de Semiconductores, impulsada tras el decreto No. 324-24 que declaró la industria de los microchips como una prioridad nacional.

El plan de estudios de la entidad incluye:

Desarrollo de Software

Inteligencia Artificial

Ciencia de Datos

Ciberseguridad

Informática Forense

Redes de Información

Multimedia

Mecatrónica

Manufactura Automatizada

Dispositivos Médicos

Energías Renovables

Diseño Industrial

Sonido

Videojuegos

Telecomunicaciones

Para llevar esta oferta a las provincias, la institución pasó de operar únicamente en su sede de Boca Chica a establecer 12 centros tecnológicos en Santo Domingo Norte (estación del Metro Mamá Tingó) y Este (Parada de la Cultura).

En el interior, la institución cuenta con extensiones en Santiago, San Francisco de Macorís, Cotuí, Bonao, San Pedro de Macorís, Nagua, Monte Plata, Pedernales y Moca.

Los escándalos

Sin embargo, a pesar de la prometedora oferta académica y de los logros del ITLA, el centro se ha visto recientemente empañado por asuntos que se escapan al ámbito educativo y que han puesto a la política por encima de la formación.

El pasado 23 de enero el presidente Luis Abinader emitió el decreto 39-26, destituyendo al rector Rafael Féliz, aunque sin explicar públicamente hasta la fecha las razones.

La medida se produjo tras denuncias sobre un presunto esquema de cobro de "cuotas políticas". Según los testimonios recogidos por la periodista Nuria Piera, se exigía a empleados de alto nivel el aporte de entre 5 y 10 % de sus salarios para financiar el movimiento político del entonces rector.

Féliz García rechazó las acusaciones mediante una carta pública del lunes, alegando que su patrimonio está justificado por préstamos bancarios y solicitando una auditoría de la Cámara de Cuentas para limpiar su nombre.

Antes de eso, en el 2024, un estudiante grabó un video en el que denunciaba varias falencias en el centro, que incluían aires acondicionados dañados, falta de agua en los bebedores, microondas inhabilitados y algunos otros daños.

El video se difundió justo a la entrada del exrector Féliz a la institución, en el 2024. Meses después, publicó un nuevo video en el que agradeció que todas las situaciones reclamadas fueron atendidas y corregidas por la administración.

Un informe preliminar de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, ejecutada entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, determinó que el instituto se ubica en terrenos que no están registrados a su nombre y solo una pequeña porción de éstos corresponde al Estado dominicano. 

El informe detalló que las instalaciones del ITLA están en un área de 70,007.97 metros cuadrados, con un valor de 109,982,884.00 de pesos correspondientes a las parcelas 479-E-1-REF-B-2  y 479-E-1-REF-B-1-RE-28-BIS. 

¿Un nuevo método para designar rector? 

Respecto al debate sobre la despolitización del ITLA, la exministra de Educación, Josefina Pimentel, defendió la vigencia del sistema de designación por decreto, argumentando que este nombramiento es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Según la exfuncionaria, el proceso no debe necesariamente someterse a un concurso, sino que depende de la "íntima convicción" del presidente, quien tiene la responsabilidad de identificar a una persona "que cumpla a cabalidad" con un perfil que combine formación académica y trayectoria probada en el área técnica.

De su lado, el economista y pasado rector del Intec, Rolando Guzmán, quien también fue miembro de la junta directiva del ITLA, plantea que la discusión de fondo no debe limitarse al dilema de "decreto o no decreto", sino a la creación de mecanismos que garanticen que la selección responda a las necesidades técnicas de la institución. 

Además, advierte que la ausencia de una reglamentación formal para la selección del rector abre la puerta para que el "interés político" se imponga sobre el interés académico, lo que consideró como "un riesgo crítico para las entidades". 

En su análisis, destaca que no basta con una buena selección inicial, sino que es vital implementar instrumentos de evaluación de gestión y rendición de cuentas para evitar que una administración deficiente destruya el valor institucional acumulado durante años. 

El presupuesto

Para el cierre de 2025, el ITLA manejó un presupuesto ejecutado de 1,141.6 millones de pesos, según el reporte de ejecución del centro publicado en su portal.

El presupuesto de la entidad va en aumento cada año por la ampliación de las carreras, el otorgamiento de becas y las extensiones que se han creado en el interior del país. En el 2021 recibió más de 500 millones en su presupuesto, en el 2022 obtuvo 600 millones y en el 2023 se aumentó a 700 millones de pesos.

Para el ciclo 2026, la institución se beneficia de las partidas asignadas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dentro del Presupuesto General del Estado (Ley 99-25), orientadas principalmente a la finalización de los nuevos recintos regionales.

De acuerdo con el presupuesto estatal, el Mescyt cuenta con una partida presupuestaria de 23,276 millones de pesos.

@diariolibre.com

Las bandas quieren beneficiarse del próximo Consejo de Transición de Haití

 Santo Domingo, RD 

Aunque el panorama se muestra incierto, el próximo siete de febrero aparece en el calendario político de Haití como la fecha pautada para el relevo del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

No obstante, organizaciones internacionales advierten que una transición en estas condiciones podría agravar la crisis, debido a los intereses de las pandillas armadas que buscan capitalizar su poder territorial para influir en la próxima administración y garantizar una amnistía total por los crímenes cometidos.

Entre las estructuras criminales más poderosas destaca Viv Ansanm, una coalición que agrupa a las pandillas G-9 y G-Pép, liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue.

Durante un conversatorio organizado por el International Crisis Group, los expertos Diego Da Rin, Isabelle Clérié y Rosy Auguste Ducéna analizaron los efectos directos e indirectos de esta alianza criminal, que mantiene en zozobra a Puerto Príncipe, el Artibonito y otras comunidades cercanas a la capital haitiana.

Expansión del control armado

A principios de 2024, Viv Ansanm sitió la capital de Haití provocando con esa acción la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry. En ese período, la coalición lanzó ataques contra prisiones, edificios gubernamentales y el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.  

Tras tomar gran parte de la capital, la alianza extendió sus tentáculos a regiones cercanas a Puerto Príncipe y reforzó su dominio sobre las principales carreteras que conectan a esa ciudad con el resto del país.

Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, explica que las bandas desean el indulto por parte de las futuras autoridades, mientras mantienen ventaja sobre los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos meses, advierte, el frente criminal incrementó su tamaño y alcance, incorporando nuevos grupos.

"Incluso líderes de bandas que se odiaban, ahora, por ejemplo, colaboran musicalmente", reflexiona. "Así que las tensiones que existían antes entre algunos jefes disminuyen. Sus objetivos evolucionaron con el tiempo".

Informes de la organización detallan que Viv Ansanm expandió su control territorial y amplió sus actividades criminales a la extorsión, la piratería y el narcotráfico. Como parte de su narrativa, las pandillas afirman que tienen una ideología y que luchan en defensa de los "más pobres" frente a lo que describen como élites depredadoras. 

Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red de Defensa Nacional de Derechos Humanos en Haití, describe un escenario cada vez más desolador. Según sus datos, cada dos horas ocurre una violación colectiva en Puerto Príncipe. 

"Alrededor de 12 mujeres y niñas son víctimas cada día. La violación es un arma aterradora que siempre se usa", lamenta. 

Poca capacidad

Los primeros contingentes de la Fuerza de Supresión de Pandillas, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, tienen previsto llegar a Haití en abril, mientras que el despliegue completo se espera para octubre. Esta fuerza sustituiría a la Misión Multinacional de Seguridad, desplegada en 2024 y cuyo mandato ya expiró.

Aun así, la población tiene poca fe en que el estado de caos mejore. Por ejemplo, Isabelle Clérié, directora ejecutiva de Haiti Impact Group, alerta sobre la poca capacidad a nivel judicial para procesar a los criminales que sean capturados. 

"Hablamos de miles de personas que pertenecen a las bandas. Ni siquiera tenemos la capacidad para mantener en las prisiones a toda esta gente", expresa la antropóloga.

Clérié también insta a comprender que muchos integrantes de estas estructuras criminales son, a su vez, víctimas de un sistema que los margina y violenta, lo que complejiza cualquier estrategia de respuesta. 

Lograr el equilibrio se presenta como una tarea difícil para la primera República negra del mundo. 

Según el International Crisis Group, los aliados extranjeros deben proporcionar los recursos necesarios a la nueva fuerza para recuperar el control territorial y dar un respiro a las comunidades.

Una vez que el equilibrio de poder se incline hacia el Estado, "las autoridades deben entablar diálogos con las pandillas para su desmovilización, mitigar la violencia, y romper los vínculos entre la delincuencia y las élites haitianas".

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"Los disparos eran para él", dice joven que mató a hermana en San Francisco de Macorís

 San Francisco de Macorís, RD  

"Yo le tiré a él, no a mi hermana. Los disparos eran para él", expresó Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien es señalada como la autora del homicidio de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, ocurrido la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves luego de entregarse a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, donde Valerio relató que el hecho se produjo en medio de una discusión con su cuñado, a quien acusó de maltratar de manera reiterada a la adolescente. Según su versión, el conflicto inició cuando intervino para defender a su hermana tras una agresión ocurrida delante de ella.

"Discutimos porque él golpeó a mi hermana delante de mí. Ella ya me había dicho varias veces que la había golpeado", expresó la joven, al tiempo que aseguró que vecinos también le habían comentado sobre supuestos episodios de violencia. El hombre también resultó herido y recibe atenciones médicas.

La mujer indicó que durante el altercado se produjo una pelea en la que resultó con moretones y cortes. Del hecho hay un video.

De acuerdo con su testimonio, en medio de la confrontación buscó un arma de fuego que, según explicó, había encontrado tiempo atrás en una casa abandonada. Afirmó que su intención era enfrentar a su cuñado y no hacerle daño a su hermana.

"Nunca fui a atacar a mi hermana directamente. Fui donde estaba él, y cuando ella vio que iba a disparar, entró como un escudo", aseguró.

Insistió: "Yo le tiré a él (su cuñado), no a mi hermana. Los disparos eran para él; yo nunca le tiré a ella. Los disparos no fueron hacia mi hermana, sino hacia él... pensé que iba salvar a mi hermana de un monstruo y la monstruo terminé siendo yo".

Valerio de Jesús comentó que se arrepiente de lo ocurrido y manifestó que no pudo controlar la situación.

 "Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana. Yo sería incapaz de eso. Me siento arrepentida...", dijo, al tiempo que reconoció que no tiene palabras para su familia tras lo sucedido.

Sobre el arma utilizada, señaló que desconoce su paradero actual y que esta habría sido retirada del lugar. 

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el curso de la investigación ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo que causó la muerte de la adolescente.

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Pisos de tierra, la realidad que la República Dominicana quiere dejar en el pasado

 Santo Domingo, RD 

Durante mucho tiempo, las viviendas con pisos de tierra han sido un reflejo de los niveles de vulnerabilidad bajo los cuales han vivido muchas familias en condición de extrema pobreza. 

El polvo y la insalubridad atentan contra la salud de los residentes de estas edificaciones, que suelen construirse con materiales inadecuados que también ofrecen una muy baja resistencia frente a fenómenos naturales y climáticos extremos. 

Esta es una de las razones por las cuales el Gobierno dominicano incluyó la eliminación de los pisos de tierra dentro de las 50 acciones clave que trazó en su primer Consejo de Ministros, realizado el pasado 11 de enero, junto con otras medidas, como erradicar el uso de las cocinas de leña y carbón. Pero, ¿cuántas viviendas tiene el país bajo esta condición?

De las 3,694,060 viviendas ocupadas en la República Dominicana a nivel nacional, el 1.9 % de ellas (69,620) tenía pisos de tierra –25,366 en zonas urbanas y 44,254 en zonas rurales– de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en el que se recogen los datos oficiales más recientes al respecto.

A pesar del acelerado nivel de urbanismo de Santo Domingo, el censo actual registró 11,409 viviendas, lo que lo convierte en la provincia en la que más abundan edificaciones con esta característica, seguido de San Juan (6,010) y Azua (4,277).

Por el contrario, las demarcaciones donde cada vez hay menos hogares con estos pisos son Hermanas Mirabal (304), Santiago Rodríguez (402) y Samaná (649).

Las cifras muestran que, en dos décadas, más de la mitad de las casas a nivel nacional han erradicado los pisos de tierra, si se le compara con las 150,123 viviendas particulares ocupadas registradas en el censo del año 2002.

Iniciativas

Existen iniciativas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que aspiran a erradicar los pisos de tierra en el país.

Desde el 2020, el Gobierno ha estado realizando, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones el programa "Cambio de piso de tierra por piso de cemento" con el objetivo de mejorar la vida de las familias que viven en la extrema pobreza, un programa que ha podido lograr el cambio de 13,905 viviendas a nivel nacional desde el 2021 hasta el 2024.

La fundación Hábitat por la Humanidad anunció que contribuyó a que 530 viviendas cambiaran sus pisos de tierra por pisos de cemento pulido en el segundo semestre del año pasado, con la meta de erradicar hasta 1,888 pisos de tierra este año.

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