viernes, 11 de julio de 2025

Aplazan para el lunes medida de coerción en caso Operación Lobo

 Santo Domingo, RD

La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra diez militares y civiles imputados en el caso Lobo, acusados de estafar al Estado mediante contratos de seguridad privada con instituciones públicas.

Así lo informó el abogado Héctor Frías Vilorio, representante legal del imputado Ramón Quezada.

“En virtud de que la glosa procesal fue entregada ahora, la audiencia se aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde”, sostuvo el jurista.

El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.

La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).

La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

@elcaribe.com.do

Director de Contrataciones Públicas valora postura del Morrison sobre el contrato con empresa Dekolor

Santo Domingo, RD

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró la postura institucional y ética del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, por negarse a firmar una nueva adenda para el contrato con la empresa Dekolor.

El funcionario dijo que Morrison ha marcado un precedente en la defensa del interés público y el cumplimiento de la ley.

Pimentel, entrevistado por la periodista Ediht Febles, recordó que el contrato entre el INTRANT y la empresa Dekolor, S.R.L. —desde sus orígenes— ha estado plagado de irregularidades e ilegalidades. “Ese contrato tiene una larga historia, y no precisamente una historia positiva. Se ha sostenido por años exclusivamente a través de adendas que han permitido su vigencia, pese a su naturaleza dudosa. Todas esas adendas fueron firmadas por los anteriores directores del INTRANT. Todos, menos uno: Milton Morrison”, afirmó el funcionario.

El titular de Contrataciones Públicas señaló que Morrison no solo se negó a extender nuevamente dicho contrato, sino que procedió correctamente con el lanzamiento de un nuevo proceso de licitación pública, con pliegos de condiciones sólidos, ajustados a la normativa vigente y abiertos a la competencia.

“La respuesta a ese acto de transparencia ha sido una ofensiva de acoso judicial, chantajes, amenazas y campañas de descrédito. Se intenta detener el proceso mediante recursos legales como amparos que buscan suspender la licitación, todo para beneficiar a quienes han mantenido por años un esquema cuestionable y poco transparente”, denunció Pimentel.

Actualmente, el nuevo proceso se encuentra en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional), a la espera de recibir ofertas. Sin embargo, una medida cautelar del Tribunal Superior Administrativo ha detenido temporalmente el procedimiento hasta que se conozca el recurso de amparo interpuesto.

Pimentel destacó que cada observación legítima al pliego ha sido atendida y corregida por el INTRANT en su debido momento, pero dejó claro que no se aceptarán observaciones diseñadas para beneficiar intereses particulares en detrimento de la competencia y la legalidad.

En paralelo, la Dirección General de Contrataciones ha venido colaborando con la Unidad Antifraude del Gobierno y otras entidades del Estado en la investigación del contrato de Dekolor. “Esta es una muestra de cómo se complementan nuestras funciones. Mientras nosotros intervenimos en la fase precontractual, la Unidad Antifraude ha desarrollado una auditoría forense profunda sobre la ejecución del contrato, la cual servirá como base para las acciones legales que ya se están tomando”, precisó.

El INTRANT ha interpuesto una querella formal ante el Ministerio Público contra Dekolor, S.R.L. y sus principales ejecutivos, Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, acusándolos de un entramado de corrupción que incluye intento de soborno, amenazas, presión mediática y obstrucción de procesos institucionales. El expediente contiene evidencia de que el señor Oruña habría intentado influir indebidamente sobre el director Morrison mediante pagos ilícitos y amenazas, incluso utilizando figuras públicas como instrumentos de presión.

@acento.com.do

Confiesa pagó sobornos en las EDE, Senasa y en Inaipi

 Santo Domingo, RD 

El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González admitió, a través de su abogado, que durante años pagó sobornos a los militares que estaban a cargo de la seguridad y las compras de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), la ARS gubernamental Senasa y en el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), a fin de captar y mantener contratos para resguardar las instalaciones de esas instituciones públicas.

Según Carlos Balcácer, representante legal de Rodríguez González, el Estado "no ha perdido un peso", pero sí su cliente, "la gran víctima" que debió pagar las exigencias de los funcionarios, que era de un 10 por ciento del valor total de la facturación mensual de su empresa.

Según el Ministerio Público (MP), los sobornos identificados ascienden, por el momento, a 108 millones de pesos entregados a los nueve imputados, ocho de ellos militares de alto rango.

Militar al que le transfirieron "varios millones" dice facilitó cuenta a su superior de buena fe

Por el cohecho, la red le eliminaba a Rodríguez González, propietario de Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), todas las trabas administrativas impuestas a otros empresarios que se negaron a entregarles dinero.  De este modo, Rodríguez González garantizó la continuidad del negocio con el Gobierno.

Durante el período 2012-2020 y 2020-2025, Senase "pagó sobornos" a los funcionarios del Inaipi, Senasa y de las EDE, instituciones que "fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos".

Agrega el MP que la empresa de Rodríguez González movilizó entre los años 2014 al 2024 la suma de más de 7 mil millones de pesos, "con un incremento patrimonial desproporcionado, que constituyen operaciones de lavado de activos que se reflejan en su patrimonio registrado".

Los imputados de cobrar sobornos son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y los coroneles Andrés Pacheco Varela (FARD), director de seguridad de Edenorte; Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad y del Comité de Compras de Inaipi, y el coronel Elías Caamaño Pérez,  de Senasa.

También el coronel de la FARD Yorbyn Eduardo E. Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, funcionario de Edenorte.

Según el MP, en Edenorte se identificaron los sobornos del 2020 al 2025, y señala que Bolívar Nicolás Fernández Espinal, director de la Dirección de Seguridad Física "recibió la suma de RD$35,319,179.54, los cuales fueron transferidos a sus cuentas o a las de terceros, como a su esposa y otros parientes.

En Edesur, el esquema operó "desde el año 2012 hasta el 2020". En el caso de Senasa, desde el año 2016 hasta el año 2019, y el coronel Elías Caamaño Pérez, "recibió" RD$3,032,505.34".

En tanto que en Inaipi, el monto del cohecho ascienden 12.8 millones.

@diariolibre.com

Empresarios dominicanos rechazan reformas del marco legal laboral

 Santo Domingo, RD 

Un total de 85 gremios empresariales, encabezados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresaron ayer su rechazo a la aprobación en primera lectura del proyecto de modificación al Código de Trabajo por parte del Senado de la República, al considerar que la propuesta representa un retroceso en lugar de una modernización del marco legal laboral.

A través de un comunicado conjunto, los gremios advirtieron que el proyecto aprobado desconoce acuerdos construidos durante años de diálogo tripartito, y afirmaron que su contenido aumenta significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen más del 98 % del tejido empresarial del país.

El choque por el Código Laboral

"Desincentiva la creación de nuevos empleos formales en un contexto en el cual la informalidad ya supera el 55 % de la fuerza laboral , al tiempo que atenta contra los esfuerzos de formalizar las empresas", destacaron  los empresarios.

Además, entienden que se sobrecargan los procesos judiciales generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional extranjero.

1992

Fue promulgado el Código de Trabajo de la República Dominicana. Ya tiene 33 años de vigencia.

Los empresarios recordaron que desde el inicio de las discusiones sobre la reforma al Código de Trabajo han reiterado su disposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar una legislación que respete los derechos fundamentales de los trabajadores, incentive la productividad y fortalezca la competitividad nacional.

"Esta reforma envía una señal negativa en un momento de grandes retos globales que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro", subrayaron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico sostenible y su participación activa en el Plan Meta RD 2036, que aspira a duplicar el producto interno bruto (PIB) real en los próximos 12 años.

El sector empresarial reiteró su llamado al Congreso Nacional y a las autoridades competentes a retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de empleadores, trabajadores y el gobierno, para construir un nuevo marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y futuro.

Defiende proyecto

Ante esta situación, el senador Rafael Barón Duluc, quien presidió la comisión de legisladores que estudió la reforma al Código de Trabajo, defendió el proyecto aprobado en primera lectura por el Senado y consideró como "tremendistas e injustas" las declaraciones de sectores empresariales que calificaron el texto como regresivo y atentatorio contra la seguridad laboral del país. 

El legislador insistió en que la reforma mantiene intacto el sistema de cesantía, uno de los puntos más debatidos en el proceso, y aseguró que se han introducido cambios los cuales fortalecen a las partes.

@diariolibre.com

Desarrollo turístico de Pedernales: comerciantes sin títulos de propiedad rechazan ser reubicados

 Santo Domingo, RD 

El avance del proyecto turístico en la provincia  fronteriza de Pedernales, promovido como uno de los más ambiciosos del país, ha generado preocupación entre decenas de pequeños comerciantes que operan en casetas levantadas informalmente en el malecón de la localidad cabecera del territorio.

Aunque algunos aseguran tener años trabajando en el lugar, ninguno posee títulos de propiedad que les garanticen permanencia ante la reubicación que se avecina.

Un levantamiento técnico y social realizado por el Ministerio de Turismo (Mitur), a través de su Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), confirmó que estas estructuras —que van desde puestos de venta hasta comedores improvisados—, carecen de documentación legal.

Según el documento, "ninguna de las casetas levantadas en el área evaluada posee títulos de propiedad que validen su ocupación", lo que complica las exigencias de permanencia o compensación de los ocupantes.

2.6

Son los kilómetros que abarca el proyecto Frente Marítimo y Malecón de Pedernales, a cargo del Ceiztur.

No obstante, en las zonas turísticas que ha intervenido el Mitur,  siempre asigna espacios a los vendedores que ocupaban espacios en las áreas remozadas.

El levantamiento social entregado por Ceiztur el 23 de junio de 2023 indicó que en la zona cercana al malecón existe una vivienda, la cual se encuentra en deterioro, así como su entorno. Además, las imágenes recogidas en la zona evidencian la fragilidad de los puestos de venta y sus implicaciones sanitarias.

El informe delimita el área afectada por el plan de intervención del lote 1, lado oeste del malecón, y detalla la existencia de al menos 30 casetas, además de instalaciones no autorizadas como bancos de concreto, torres metálicas y baños distribuidos a lo largo del litoral.

Todo esto forma parte de la franja costera sujeta a intervención para reordenar el espacio público de cara al nuevo desarrollo turístico.

Permisos condicionados, con reubicación

En algunos casos puntuales, como el del ciudadano Odanis Antonio Grullón, se otorgaron permisos ambientales temporales. En una comunicación oficial del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, fechada en 2021, se autorizó la instalación de un restaurante tipo caseta ecológica en madera, pero con condiciones específicas.

Navio Bar And Seafood es el nombre del local, el cual posee permisos temporales, según consta en los documentos oficiales a los que tuvo acceso Diario Libre.

"El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la potestad de pedir la remoción parcial o total de la infraestructura si lo considera necesario", advirtió el documento.

Además, estableció que "la estructura base y la caseta deben ser removibles cuando se requiera (casos de huracanes, tormentas o fenómenos climatológicos de gran magnitud prevenibles)", dejando claro que no se trata de una autorización indefinida ni de un derecho adquirido.

Antes, en noviembre de 2019, Grullón recibió una autorización "bajo la condicionante para el retiro de dicha caseta en el momento que sea solicitado por la autoridad competente".

El permiso también exigía que los responsables del local mantuvieran condiciones óptimas de higiene, gestionaran adecuadamente los residuos sólidos y "no vertieran aguas servidas a las áreas de playa, bosques o manglares cercanos".

"Con el Sr. Grullón hemos conversado sobre su situación y la necesidad del retiro de su establecimiento del área que ocupa en estos momentos, sobre todo cuando intenta pasar de una estructura provisional a una permanente, puesto que de los 20 metros cuadrados que le autorizó Medio Ambiente, hoy ocupa alrededor de 100.

En las conversaciones con el ciudadano mencionado le mostramos todo el proyecto de Paseo Marino y le explicamos la imposibilidad de la permanencia de su negocio en este lugar, y que el mismo sería reubicado en uno de los espacios comerciales contemplados en el proyecto Paseo Marino de Pedernales", expresaron las autoridades.

Por su parte, Grullón envió una carta al presidente Luis Abinader,  el 21 de marzo de 2024, en la cual solicitó el apoyo oficial para seguir operando en el lugar. En la misiva admitió que los permisos ambientales le fueron negados por Medio Ambiente, tanto en 2019 como en 2021.

Apeló a su perfil de "emprendedor" para continuar ofreciendo el servicio en el área. Como documento que avala su permanencia en la zona, añadió a la misiva al presidente un certificado de registro de nombre comercial con vigencia del 17 de marzo de 2020 hasta el 17 de marzo de 2030.

A pesar de las protestas de algunos ocupantes, la realidad legal es contundente: no tienen títulos de propiedad. El levantamiento realizado por el Mitur insiste en que "la ocupación de los espacios no ha sido amparada por ninguna autorización oficial registrada ante Catastro o el Registro Inmobiliario".

La informalidad en la tenencia del suelo no es un fenómeno nuevo en Pedernales. La falta de institucionalidad catastral, sumada a años de abandono estatal, provocó que muchos ciudadanos se instalaran "por costumbre", sin pasar por procesos legales de adquisición.

El desarrollo y sus contradicciones

El proyecto turístico en Pedernales contempla la construcción de más de 4,700 habitaciones hoteleras en una primera etapa, además de obras de infraestructura vial, acueductos, plantas de tratamiento, un puerto y un aeropuerto.

Todo bajo la coordinación del Fideicomiso Pro-Pedernales, creado mediante el Decreto 724-20 como instrumento legal para canalizar recursos y gestionar el desarrollo integral de la zona.

La inversión estimada —pública y privada— supera los mil millones de dólares, y se proyecta que generará más de 15,000 empleos directos e indirectos. Empresas internacionales como Acciona están involucradas en la ejecución de obras estratégicas.

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