Santo Domingo, RD
Este lunes, 14 instituciones del Gobierno central, vinculadas a las áreas de salud y seguridad social, suscribieron un acuerdo para prevenir la corrupción administrativa, fortalecer los mecanismos de control y promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El documento, denominado "Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Gerencia Institucional", establece medidas para identificar riesgos de corrupción, fortalecer la supervisión de los procesos administrativos y promover el cumplimiento de las normas de integridad en las instituciones participantes.
El acuerdo contempla seis componentes estratégicos: compromiso estratégico, política de gestión de riesgos conductuales de corrupción, política de integridad, controles internos y externos y auditorías, canales de denuncias, y capacitación y comunicación.
Estas disposiciones buscan incorporar criterios de prevención de la corrupción en la planificación institucional, la gestión presupuestaria, las contrataciones públicas, los recursos humanos, la tecnología, la toma de decisiones y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Asimismo, el compromiso establece la adhesión a los principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con el propósito de fortalecer las prácticas administrativas y reducir los riesgos que puedan afectar el uso adecuado de los recursos públicos.
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La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como órgano rector en esta materia, brindó acompañamiento técnico a la iniciativa, que también procura mejorar la coordinación entre las instituciones del sector salud y seguridad social.
La firma del acuerdo se realizó durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con la participación de representantes de las instituciones involucradas.
Responsabilidad en el manejo de los recursos
Durante la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, señaló que la aplicación del acuerdo requiere mecanismos institucionales que permitan prevenir irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normas.
"La verdadera fortaleza institucional está en facilitar hacer lo correcto, dificultar hacerlo incorrecto y garantizar que existan mecanismos para responder cuando las normas se incumplen", expresó.
El funcionario también planteó que la transparencia debe reflejarse en las actuaciones de quienes dirigen las instituciones públicas y administran los recursos destinados a la población.
"No podemos exigir transparencia sin practicarla, no podemos requerir responsabilidad sin asumirla, y no podemos reclamar confianza si nuestras acciones no la merecen. El liderazgo comienza con el ejemplo", afirmó.
Por su parte, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó la importancia de coordinar las políticas de integridad entre las instituciones públicas para garantizar procedimientos comunes y evitar actuaciones aisladas.
"Que nada quede suelto, que la aplicación sea la misma de cumplimiento de los mismos protocolos. Que se trate a la gente de igual manera, que la información sea fácil", manifestó.
Compromiso estratégico: promueve la responsabilidad de las autoridades y los equipos gerenciales en el cumplimiento de los principios de integridad y buen gobierno.
Política de gestión de riesgos conductuales de corrupción: contempla la identificación y reducción de riesgos asociados a posibles irregularidades en los procesos administrativos.
Política de integridad: busca incorporar valores, normas de conducta y prácticas éticas en los distintos niveles de la administración institucional.
Controles internos y externos y auditorías: procura fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las disposiciones administrativas.
Canales de denuncias: contempla mecanismos para comunicar posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas.
Capacitación y comunicación: promueve la formación de los servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de la corrupción.
El acuerdo también busca fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional para prevenir prácticas que puedan comprometer la transparencia, la imparcialidad y el interés general en la administración de los servicios públicos.
Instituciones participantes
De acuerdo con la relación suministrada, las instituciones participantes son:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
Hospital Municipal Sigifredo Alba Domínguez.
Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).
Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).
Servicio Nacional de Salud (SNS).
Hospital Jacinto Mañón.
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Hospital Doctor Vinicio Calventi.
Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.
Superintendencia de Pensiones (Sipen).
Hospital Nuestra Señora de la Altagracia.
Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).
Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
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