lunes, 1 de junio de 2026

Cada 10 minutos una llamada al 9-1-1 rompe el silencio de una violencia doméstica

 Santo Domingo, RD 

El teléfono suena. Son las 10:42 de la noche de un domingo en Santo Domingo. Al otro lado de la línea, la respiración agitada de una mujer se corta de golpe intentando pedir ayuda. Escenas similares se han repetido durante los últimos cinco años donde cada 10 minutos, en promedio, las centrales de emergencia del Estado reciben una llamada por un caso de violencia doméstica.

Detrás no hay un episodio aislado, sino un patrón persistente que las propias estadísticas oficiales intentan dimensionar, pero que la burocracia estatal termina fragmentando entre vacíos de información, deficiencias de articulación y limitadas capacidades de prevención frente a las agresiones contra las mujeres.

Entre 2020 y 2025, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 registró 329,890 llamadas por violencia doméstica en la República Dominicana, una cadena que, al ritmo cotidiano del país, equivale a unas 150 alertas diarias, más de seis por hora y una cada nueve minutos y medio.

Aunque las instituciones utilizan clasificaciones distintas —violencia doméstica, intrafamiliar o violencia de género— y sus sistemas no necesariamente registran idénticos tipos de incidentes, los datos permiten identificar un mismo patrón: miles de mujeres y familias recurren cada año a las líneas de emergencia del Estado en contextos de agresión dentro del entorno íntimo o familiar.

El reloj del miedo

Los datos del 9-1-1 revelan que la violencia también tiene horarios y días específicos.

Los registros históricos del sistema muestran que los mayores picos de llamadas por violencia doméstica se concentran entre las 10 y 11 de la noche, siendo los domingos como el día de mayor incidencia de emergencias relacionadas con este tipo de agresión.

En cuanto a las localidades, Santo Domingo encabeza los reportes con 204,661 incidencias, seguido del Distrito Nacional con 59,696 y Santiago con 57,412. En estos puntos del mapa, el auxilio telefónico es una marea constante que nunca bajó de las 51,000 llamadas al año.

El pulso crítico se mantuvo también en las localidades de San Cristóbal con 28,265 llamadas, La Altagracia (20,064) y la costa atlántica de Puerto Plata (18,031). Continuó La Vega con 11,913 casos, La Romana (11,042), Duarte (9,339) y San Pedro de Macorís con (9,218).

La Línea *212 y su trazabilidad

Es en la transición entre la emergencia y el seguimiento especializado donde aparecen las principales limitaciones de trazabilidad del sistema. Aunque tanto el 9-1-1 como la Línea *212 reciben llamadas de auxilio, la línea del Ministerio de la Mujer —creada para ofrecer acompañamiento psicológico, orientación legal y asistencia especializada— opera en una dimensión menor.

Las estadísticas consolidadas de la institución entre 2020 y 2025 reflejan esa diferencia. Frente a las 329,000 llamadas procesadas por el sistema de emergencias, la Línea *212 acumuló 43,142 en el mismo periodo.  El contraste no implica necesariamente que todas las alertas del 9-1-1 deban convertirse en expedientes formales o seguimientos especializados. 

El Ministerio de la Mujer reconoce que carece de una serie histórica consolidada de su línea de ayuda con variables esenciales para identificar cuáles son los meses más críticos, qué días de la semana concentran más llamadas de auxilio ni en qué horarios las mujeres buscan ayuda con mayor frecuencia, entre otras.

Las consecuencias trascienden a lo metodológico. En un país donde una mujer pide ayuda aproximadamente cada 10 minutos, la fragmentación de los registros reduce la capacidad institucional para identificar señales tempranas de violencia letal, reconocer ciclos repetitivos de agresión y anticiparse al peligro antes de que la violencia escale hacia escenarios más graves.

Mesas técnicas frente al reloj

El Ministerio de la Mujer informó que desde enero del 2026 comenzó a articular, junto al 9-1-1, la Policía Nacional y el Ministerio Público, un proceso integral para mejorar la interoperabilidad y trazabilidad de los datos relacionados con violencia de género e intrafamiliar.

Pero mientras las instituciones redactan protocolos y firman acuerdos para unificar plataformas y los sistemas, el reloj sigue corriendo ajeno a la burocracia. En lo que tomó leer estas líneas, los 10 minutos transcurrieron de nuevo. En algún lugar del mapa, el teléfono volvió a timbrar, otra respiración se cortó al teléfono.

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Defensa de Gonzalo dice apelación no prosperará y la de Peralta resalta la debilidad de la acusación

 Santo Domingo, RD

La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó ayer que cualquier apelación contra el descargo del exfuncionario seguirá careciendo de fundamento jurídico y correrá la misma suerte que la imputación inicial. Esta fue desestimada en el fallo del pasado viernes, en el que se rechazó la acusación de presunta corrupción.

De manera similar se expresaron los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia (2012-2020), José Ramón Peralta, quienes atribuyeron a "debilidades estructurales del expediente" que también este fuera favorecido con un no ha lugar por la jueza. 

La magistrada Altagracia Ramírez, además, rechazó la acusación del Ministerio Público contra otros tres imputados: Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz. 

Sin embargo, Ramírez dictó apertura a juicio de fondo contra más de veinte imputados y diez empresas debido a que determinó que sí habían "elementos de pruebas aportados suficientes para justificar la probabilidad de una condena en esa etapa".

El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantó el mismo viernes que apelarán el descargo a favor de los dos exministros y los otros tres imputados.

Según la acusación, estos habrían desarrollado una red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando un perjuicio económico que las autoridades estiman en miles de millones de pesos. La investigación sostiene que los imputados habrían gestionado expropiaciones y acuerdos de pago de manera irregular para beneficiar a determinadas personas.

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La temporada ciclónica 2026 será de menor actividad que en años anteriores

 Santo Domingo, RD 

 La temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el golfo de México empieza hoy y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con una previsión de actividad ligeramente inferior al promedio histórico, de acuerdo con los principales pronósticos meteorológicos.

El meteorólogo Philip Klotzbach y su equipo de la Universidad Estatal de Colorado estiman que durante la temporada se formarán 13 tormentas tropicales con nombre, de las cuales seis podrían convertirse en huracanes y dos podrían alcanzar la categoría de huracanes intensos, es decir, de 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las proyecciones se sitúan por debajo de los promedios registrados entre 1991 y 2020, período en el que se observaron 14 tormentas tropicales, siete huracanes y tres huracanes mayores cada año.

Clima

Hay sequía en plena temporada ciclónica; pero el Indrhi garantiza suministro de agua potable

Los especialistas atribuyen esta tendencia a condiciones atmosféricas menos favorables para la formación de ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Sin embargo, enfatizan que el número de fenómenos previstos no debe interpretarse como una reducción del riesgo para los países de la región.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó ayer en una publicación que, independientemente del número de formaciones esperadas, la ciudadanía debe estar preparada, ya que solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre.

Lista de nombre

La lista oficial de nombres para los ciclones tropicales de 2026, establecida por la Organización Meteorológica Mundial, incluye a Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

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La cesantía podría discutirse en una futura reforma a la ley de Seguridad Social

 Santo Domingo, RD 

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que el tema de la cesantía laboral debería discutirse en una futura reforma de la Ley de Seguridad Social y no dentro del proyecto de reforma al Código de Trabajo que actualmente cursa en el Congreso Nacional, como lo propulsan los grupos empresariales.

La posición de Pacheco está contenida en el acta de la última reunión formal de la comisión que estudió la reforma laboral en la Cámara de Diputados, efectuada el pasado 19 de mayo.

Durante el encuentro, que duró tres horas de discusión, el legislador afirmó que ha sido "siempre coherente" con el tema de la cesantía, pero sostuvo que ese aspecto no debe abordarse en la reforma laboral para así "preservar la estabilidad".

"La cesantía no se debe discutir en esta ley (reforma laboral), la cesantía es un tema de la próxima ley de seguridad social, ¿entienden? Por ahí es que eso cabe", expresó Pacheco durante la reunión.

Al expresarse así, se refirió a una eventual reforma de la Ley de Seguridad Social, de la que el Congreso solo espera el proyecto que confecciona el Poder Ejecutivo sobre el tema para avanzar con su discusión y, aunque no detalló en qué puntos específicos sería abordada la cesantía, dejó abierta la posibilidad de tratar el tema en las modificaciones de la Ley 87-01.

Pacheco también señaló que la iniciativa laboral enfrenta observaciones del sector empresarial y defendió la necesidad de preservar las condiciones que, a su juicio, han permitido el crecimiento económico del país durante las últimas décadas.

En ese sentido, argumentó que tanto los trabajadores como los empleadores han mejorado sus condiciones con el paso de los años aún con el viejo Código de Trabajo, que fue promulgado en 1992.

La cesantía

El presidente de los diputados, en aquel encuentro, llamó a los miembros de la comisión a preservar el clima de estabilidad que, según dijo, ha permitido el crecimiento del país, al tiempo que abogó por mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo económico y la armonía entre los distintos sectores.

La cesantía es una compensación económica que se otorga a los trabajadores cuando son despedidos y fue estipulada en el Código de Trabajo que se aprobó en 1992. Aunque varios grupos empresariales e industriales han impulsado propuestas para modificarla, el Congreso mantiene intacto el beneficio, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo cuando presentó la reforma laboral.

A segunda lectura

La discutida reforma laboral ya lleva más de un año dando vueltas en ambas cámaras congresuales, pero su aprobación estaría cerca, ya que solo está pendiente de una aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados y de otra aprobación final en el Senado.

La semana pasada, el proyecto de la reforma laboral estuvo en agenda durante dos sesiones consecutivas para su segunda aprobación, pero la discusión no se formalizó y el tema quedó sobre la mesa, especialmente por el vacío que contiene la modificación al artículo 638 del Código de Trabajo que establece que los procesos laborales que se diriman en la justicia no podrán exceder de dos años.

Originalmente, la decisión inicial de los diputados era limitar la duración de esos procesos a un año y medio, pero se aumentó a dos años en la última reunión y se dejó un "vacío" que no impone consecuencias en caso de que los juicios se excedan del plazo establecido.

Aún así, la comisión decidió dejar el artículo con el plazo de los dos años y con la promesa de que, en una segunda discusión, el tema sería "solucionado" con consecuencias para quienes retarden el dictamen de la ley.

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Ministerio Público apelará fallo que favorece a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

 Santo Domingo, RD

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar dictados por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, y otros tres imputados en el caso Operación Calamar.

La jueza Altagracia Ramírez dispuso la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y sus empresas, además de otras 33 personas acusadas de integrar una estructura de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.

Camacho valoró como un avance significativo que 35 de los 40 acusados hayan sido enviados a juicio, aunque insistió en que todos los imputados deben responder ante los tribunales por los hechos que se les atribuyen.

"De las 40 personas acusadas, entre físicas y jurídicas, 35 fueron enviadas a juicio, incluyendo a Donald Guerrero y Ángel Lockward, quienes forman parte del eje operativo de esta estructura criminal", expresó el procurador adjunto al ser abordado por periodistas tras la lectura de la decisión.

Entre los procesados que enfrentarán juicio figuran también Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.

La magistrada Ramírez rechazó las solicitudes de las defensas que buscaban la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.

No obstante, Camacho adelantó que el Ministerio Público recurrirá la decisión que favoreció a cinco de los acusados.

"El Ministerio Público va a apelar esos autos de no ha lugar porque, de la sola lectura de la decisión, resulta evidente que el tribunal incurrió en una errónea valoración de varias pruebas", sostuvo.

Explicó que el tribunal acogió testimonios como los de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero que al momento de emitir los autos de no ha lugar no valoró adecuadamente esos mismos elementos probatorios.

"Esos testimonios fueron citados por el propio tribunal durante la audiencia, pero no fueron tomados en cuenta al dictar los autos de no ha lugar", afirmó.

Asimismo, señaló que uno de los favorecidos con la decisión habría admitido en documentos incorporados al expediente haber escrito de su puño y letra nombres de varias personas, incluyendo algunas fallecidas.

"Es evidente que existe una contradicción y una errónea apreciación de las pruebas, razón por la cual apelaremos esa parte de la decisión", enfatizó.

Camacho recordó que los hechos investigados ocurrieron en el Ministerio de Hacienda y destacó que el titular de esa institución durante el período señalado, Donald Guerrero, fue enviado a juicio junto a otros 34 imputados.

"Esto demuestra que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para sostener la acusación y lograr la apertura a juicio", indicó.

La jueza Ramírez concluyó que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba para comprometer la responsabilidad penal de los acusados enviados a juicio por su presunta participación en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Calamar.

El equipo litigante estuvo encabezado por Wilson Camacho e integrado por los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.

El expediente quedó en estado de fallo el pasado 27 de marzo de 2026, fecha en la que concluyeron los debates. La audiencia de lectura de la decisión inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó después de las 11:00.

La sentencia fue entregada en formato digital a las partes, mientras que la jueza realizó una lectura resumida de los aspectos principales debido a lo avanzado de la hora.

El caso

Según la acusación, los imputados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el uso de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.

La investigación también sostiene que la red desvió recursos destinados al pago de compromisos de distintas instituciones públicas e implementó un esquema de sobornos vinculado a la regulación de los juegos de azar.

El Ministerio Público acusa a los procesados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.

Para sustentar la acusación, los fiscales presentaron más de 1,278 medios de prueba.

La Operación Calamar fue ejecutada el 18 de marzo de 2023 mediante 40 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, con la participación de 40 fiscales, cientos de agentes policiales, técnicos especializados y personal de apoyo.

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