Emiten sentencia que ordena modificar límites del Parque Nacional Jaragua; Medio Ambiente la rechaza

 Santo Domingo, RD 

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió la sentencia de amparo núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, mediante la cual ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística, a partir de una acción interpuesta por una empresa privada.

La decisión judicial responde a la acción interpuesta que busca aplicar la Ley núm. 266-04 en terrenos que, aun declarados Polo Turístico, se encuentran dentro de un Parque Nacional, la máxima categoría de protección ambiental.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó de manera categórica la sentencia y anunció que está procediendo por las vías legales correspondientes para lograr su anulación, al considerar que la misma vulnera el marco jurídico nacional.

La institución explicó que la sentencia desconoce el ordenamiento jurídico nacional, al utilizar un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida, lo cual no es procedente.

Violaciones

En ese sentido, el ministerio señaló que la decisión vulnera disposiciones de la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04).

También advirtieron de que este precedente representa un riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por estas razones, el ministerio reiteró que continuará defendiendo, por todas las vías legales correspondientes, la preservación del Parque Nacional Jaragua y el interés público ambiental. 

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Donald Guerrero dice que desembolsos de RD$21 mil millones a Banreservas para contratistas fue legal

 Santo Domingo, RD 

Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguraron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituyó una obligación legal del Estado y una operación interinstitucional que no implicó transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos del ámbito estatal.

Eduardo Núñez, abogado del exministro, explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.

"El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro (Donald Guerrero), como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público"

Subrayó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional, según el togado.

No administró ni operó programa

En una comunicación de prensa, precisaron además que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.

Según explicó, lejos de generar una pérdida al Estado, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados.

"El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública"

La defensa subrayó que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, donde se describe el pago como una liquidación de compromisos interestatales.

"Un fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se derrumba por sí sola", afirmaron.

Lo que dice la acusación 

La acusación del Ministerio Público dice que los acusados "crearon un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000000 000.00 millones de pesos" cuyo total de los pagos se ejecutaron "en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos".Sobre ese mismo punto agrega que se "falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular".

Abogado: "Imposible hablar de lavado"

El abogado Eduardo Núñez sostuvo que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales. "Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir", enfatizó.

La defensa insistió que, tras más de cinco años de investigación, no existe prueba alguna que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de fondos o beneficio personal.

Anunciaron que estos elementos técnicos y documentales serán expuestos ante el tribunal del caso contra Guerrero y los otros dos exministros, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que inició hace más de cinco años, para desmontar la acusación.

"No ejecutar este pago habría implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligación institucional del Estado", concluyó Núñez.

Además de Núñez, integran la barra de defensa del exministro de Hacienda, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez.

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Antoliano Peralta juramenta a viceministros de Justicia y al director de Servicios Penitenciarios

 Santo Domingo, RD 

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, juramentó a los cinco viceministros de esa institución y al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, quien fue designado mediante el decreto 14-26.

Los viceministros juramentados son Pedro Luis Montilla Castillo, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Delta Paniagua Féliz, designados por el decreto núm. 30-26 del 16 de enero de 2026.

El acto se realizó en la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, donde funciona el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en el ensanche Serrallés.

A la cabeza del Viceministerio de Políticas Públicas fue designado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, exdiputado por el Frente Amplio, jurista, académico y dirigente político dominicano.

Pedro Luis Montilla Castillo dirigirá el viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, fue subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo desde el año 2020. Es un abogado especializado en Derecho Público, egresado de la PUCMM, con más de 17 años en el ejercicio del derecho, según una comunicación de prensa.

De su lado, Noelia Rivera Guevara, nombrada viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial, también se desempeñó hasta febrero de 2026 como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se desempeña como profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En el Viceministerio de Derechos Humanos fue designado Noel Sued Canahuate, abogado y académico especializado en derecho público.

Finalmente, en el Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía fue designada Delta Paniagua Féliz, quien es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Este y realizó una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como postgrados en Derecho Procesal.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, y el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, se saludan durante el acto de juramentación. 

Roberto Santana

Roberto Santana Sánchez ha sido juramentado como director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, órgano responsable de la administración del sistema penitenciario nacional.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia penitenciaria, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.

Santana encabezó el proceso de instauración del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, iniciado en el año 2003 y desarrollado hasta 2016, el cual operó como un piloto extendido que sirvió de base para la transición hacia un sistema penitenciario único en la República Dominicana. Asimismo, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales.

Es politólogo y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que se desempeñó como profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Humanidades. Fue decano y luego rector de la UASD.

Además, ha desarrollado una extensa labor como consultor en políticas públicas y justicia penal para organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), participando en el diseño de escuelas penitenciarias en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay, así como en la formulación de políticas públicas penitenciarias en diversas jurisdicciones.

Santana Sánchez fue designado como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales el pasado 1 de octubre de 2025 por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y también en enero de este año por el presidente Abinader a través del decreto 14-26.

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Sancionarán comercios que incurran en prácticas engañosas por el Día de San Valentín

 Santo Domingo, RD 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este miércoles que inició un operativo especial de inspección a nivel nacional, con el propósito de vigilar las ofertas, promociones y precios anunciados por los comercios con motivo de la celebración del Día de San Valentín, y evitar prácticas engañosas que afecten a la ciudadanía.

Mediante una nota de prensa, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, indicó el operativo se desarrollan en tiendas por departamentos, floristerías, joyerías, restaurantes, perfumerías y plataformas de comercio electrónico, sectores donde tradicionalmente se registra un aumento significativo de ofertas durante esta festividad que se celebra el 14 de febrero de cada año.

Explicó que el operativo está enfocado en verificar la veracidad de la publicidad, el respeto a los precios exhibidos, así como la claridad y cumplimiento de las condiciones de las promociones, con especial atención a las garantías y políticas de devolución ofrecidas a los consumidores.

Sanciones 

En ese sentido advirtió todo comercio que incurra en irregularidades será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 358-05, reiterando que la institución no permitirá violaciones a los derechos de los consumidores. 

Alcántara exhortó a la población a informarse antes de realizar sus compras, a comparar precios, leer detenidamente las condiciones de las ofertas y conservar sus comprobantes de pago, los cuales constituyen la principal evidencia para presentar reclamaciones.

Pro Consumidor recordó que mantiene canales habilitados para recibir denuncias, reclamaciones y ofrecer orientación, reafirmando su compromiso de defender los derechos de los consumidores y garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y responsables, especialmente en temporadas de alta demanda como el Día de San Valentín.

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Proyecto Hostos instalaría planta de generación eléctrica en San Pedro para suplir a Puerto Rico

 Santo Domingo, RD 

El proyecto Hostos, que busca producir energía en la República Dominicana y transportarla a través de un cable submarino hasta Puerto Rico, construiría una planta de generación en la provincia San Pedro de Macorís desde la cual suplirá la electricidad a la vecina isla.

Así lo comunicó en conversación con Diario Libre, Rafael Vélez Domínguez, presidente de Caribbean Transmissión Development Company (CTDC), empresa promotora de la obra, quien indicó que la inversión del proyecto ascendería a 2,500 millones de dólares.

Vélez Domínguez aclaró que la central que levantarían en territorio dominicano, que está diseñada para operar a gas natural y para "quemar" hidrógeno verde cuando este comercialmente disponible, es para suplir energía exclusivamente al mercado puertoriqueño.

"Nosotros no estaremos robándole capacidad al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana, aunque la planta permitirá la interconexión en caso de emergencia", declaró.

Reveló que trabajarán con el Gobierno dominicano y el de Puerto Rico para elaborar la reglamentación, hasta la fecha inexistente, "de manera que podamos intercambiar electricidad entre ambos países"

El presidente de la CTDC declaró que extraoficialmente recibieron el permiso del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con una no objeción del Departamento de Estado y el de Guerra.

"Una vez notificados formalmente, además de obtener los permisos en República Dominicana y en Puerto Rico, vamos a proceder a hacer las órdenes de compra de los equipos más grandes, que son la planta de generación, la convertidora (de energía) y el cable. Son equipos que se tardan mucho en fabricar y que están en alta demanda por la inteligencia artificial, por eso tenemos que tratar de poner esas órdenes lo antes posible", explicó.

Afirmó que en el cronograma de la empresa continua el año 2031 como el período en el cual estarán vendiendo electricidad, aunque señaló que hay algunas labores civiles que deben comenzar a realizar en el 2027.

"Nos sentimos confiados en que obtuvimos ese permiso presidencial que legitima el proyecto, dado que ya es el Gobierno de los Estados Unidos que entiende que este es viable y que está en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico", manifestó.

Resultados de estudios

Sobre los estudios para la construcción de la obra eléctrica, el titular de la Caribbean Transmissión Development Company comunicó que los resultados de los estudios de ingeniería conceptual y general señalan que el proyecto es viable.

"Se sometió ingeniería suficiente para que el Departamento de Energía federal pueda aprobar el proyecto, al igual que se hicieron estudios con Luma, que es la operadora en Puerto Rico de la red de transmisión y distribución para entender bien cómo la energía entra al sistema y el efecto que pudiera tener", expresó.

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