jueves, 5 de marzo de 2026

A la OMSA le pusieron la reversa y se le trancó la transmisión

 Santo Domingo, RD 

En febrero de 2026, cuando la República Dominicana sufrió su segundo apagón general en menos de cuatro meses, el Teleférico de Santo Domingo quedó paralizado. Para aliviar la situación, se dispuso un servicio de autobuses gratuitos de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que trasladara a los usuarios atrapados por la interrupción.

La imagen tenía algo de metáfora. La OMSA, que durante años aspiró a ser el eje del transporte público, aparecía ahora como un sistema de respaldo: el recurso al que se recurre cuando los demás fallan.

En las últimas dos décadas, el operador estatal pasó de proyectarse como el gran articulador del transporte urbano a ocupar un espacio cada vez más estrecho dentro del mosaico de movilidad del Gran Santo Domingo. Hoy comparte las calles con choferes tradicionales, corredores privados, nuevos proyectos estatales, el Metro y el Teleférico.

Un sistema que se encoge

Cuando comenzó a operar, la OMSA representaba una promesa.

Se hablaba de un transporte seguro, limpio, organizado, pensado para los sectores de menores ingresos. La institución incluso tenía una revista propia y creó una figura peculiar: las llamadas "Omsafatas", bachilleres que asistían a los pasajeros dentro de los autobuses.

Era la época en que el sistema aspiraba a ser algo más que una simple flota de guaguas.

Hoy queda poco de ese impulso.

El servicio alcanzó su punto máximo en 2022, cuando transportó 29.9 millones de pasajeros. A partir de 2023 la demanda cayó de manera abrupta: poco más de 16 millones de usuarios anuales y 265.9 millones de pesos en recaudaciones.

Las cifras dibujan una institución que pierde espacio dentro del sistema de transporte de la ciudad.

Nuevas aspiraciones

La OMSA mantiene rutas específicas y presta servicios a zonas francas y a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Para 2026 dispone de un presupuesto de 3,000 millones de pesos y una plantilla de 2,556 empleados. De ese monto, unos 265 millones están destinados a vehículos y equipos de transporte.

La apuesta ahora es el llamado Proyecto de Corredores Reformados, con el que la institución espera movilizar más de 54 millones de pasajeros en 2026.

Cómo se logrará un salto de esa magnitud es una de las preguntas que sobrevuelan el sistema.

La meta oficial es recaudar unos 1,900 millones de pesos al año, gracias al aumento del volumen de pasajeros, una mayor frecuencia de autobuses y la consolidación de corredores en el Gran Santo Domingo y Santiago.

El nuevo mapa del transporte

Mientras tanto, en las calles ya se perfila otra realidad.

Al abordar un autobús del corredor privado de la avenida Winston Churchill, el contraste es inmediato. El vehículo es más nuevo, el aire acondicionado funciona y el pago se realiza de forma electrónica.

La tarifa es de 35 pesos y permite recorrer desde la Jacobo Majluta hasta el Centro de los Héroes.

Dentro del autobús, cuatro pasajeros viajan en silencio bajo el frío constante del aire acondicionado. En las paredes hay avisos que recuerdan las normas del servicio.

Cuando se inauguró esa ruta, el Gobierno anunció que el trayecto de 12 kilómetros daría origen a una nueva estructura empresarial: 285 choferes pasarían a ser accionistas de la empresa que operaría el corredor.

En el acto, Alfredo Pulinario —Cambita—, presidente del consorcio Mochotrán, celebró que el presidente Luis Abinader hubiese puesto "voluntad política para el transporte".

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La falta de inspectores de trabajo en oficinas provinciales limita el cumplimiento de normas

 Santo Domingo, RD 

El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana enfrenta una escasez de inspectores laborales, situación que está afectando la eficiencia y efectividad de las funciones que desempeñan estos profesionales en la protección de los derechos de los trabajadores y en la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales.

A pesar de que los inspectores tienen un rol fundamental en el control, la prevención, la conciliación y la coacción de situaciones laborales, la falta de personal en diversas oficinas del país está limitando la capacidad de acción de la institución.

El último concurso realizado por el Ministerio de Trabajo para la designación de inspectores laborales fue en 2018. Mediante la convocatoria No. 0000506-0206-00-0007, se informó sobre la necesidad de llenar unas 50 plazas. En el concurso participaron alrededor de 200 abogados y fueron seleccionados 50 que fueron designados en el año 2019.

Actualmente son 186 inspectores, de los cuales 32 corresponden a representantes locales y los restantes se reparten entre supervisores e inspectores. La mayor cantidad de este personal se concentra en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Denuncia

La Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo) denunció, el pasado 26 de enero, que el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, estaría violando el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al contratar personas como inspectores de trabajo sin concurso.

Carmen Rondón, presidenta de la Asitraredo, explicó que con estas contrataciones se violan, además, disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública y el Código de Trabajo.

186

Cantidad de inspectores de trabajo, incluyendo 32 representantes locales y supervisores a nivel nacional.

"Tenemos copia de una comunicación del Ministerio de Administración Pública donde aprueba la contratación de 10 inspectores que le solicitó el Ministerio de Trabajo, sin poseer aptitudes, especialidades en esa materia y sin previa evaluación", declaró Rondón.

Aseguró que ya fueron nombradas algunas personas para desempeñar las funciones de inspector de trabajo, añadiendo que tiene información de que serían unos 55 sin someterlos al concurso de evaluación.

Refirió que de llevarse a cabo esta disposición, el ministro Olivares violaría una norma que ha sido respetada por los ministros de Trabajo desde el 1991. 

De acuerdo a la denuncia, los nombrados por contrato no cumplen con los requisitos establecidos para ejercer esas funciones. 

De acuerdo con la legislación vigente, para ejercer el cargo se requiere ser ciudadano dominicano, tener formación universitaria (generalmente en derecho o áreas afines), contar con experiencia profesional de al menos dos años, no superar los 55 años, y aprobar el concurso de oposición del Ministerio de Trabajo a través del portal "Concursa". 

Caos en las oficinas

Esta falta de personal ha provocado serias deficiencias en la operación de las oficinas del Ministerio de Trabajo a nivel nacional.

De acuerdo con el levantamiento realizado por Diario Libre, la oficina de Santiago Rodríguez solo cuenta con el encargado, que también asume las funciones de inspector.

A la escasez de inspectores se suma la falta de equipos informáticos adecuados, impresoras y personal administrativo y de seguridad suficiente, lo cual ha generado un entorno de trabajo poco eficiente y con limitadas capacidades para realizar las tareas de manera oportuna.

El déficit en recursos humanos y materiales está afectando la capacidad de las oficinas de realizar inspecciones a tiempo, lo que representa un riesgo para los derechos de los trabajadores y la correcta aplicación de la ley. 

Diario Libre solicitó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, que explicara qué acciones se están tomando ante la falta de inspectores laborales y las razones detrás de los nombramientos por contrato y no por concurso, pero el incumbente no había respondido al cierre de la presente edición.

@diariolibre.com/

¿Cómo se preparan los comercios ante la prohibición de entrega de fundas gratuitas?

 Santo Domingo, RD 

Con un plazo establecido en la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos para la prohibición de la entrega gratuita de fundas plásticas en comercios de la República Dominicana, las empresas estudiarán, junto a las autoridades, el desarrollo de un reglamento que permita la implementación efectiva de esa disposición.

Así lo indicó Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), quien informó que para la próxima semana está previsto un encuentro en el que participarán representantes del Ministerio de Medio Ambiente, el sector plástico y de los establecimientos comerciales.

"Junto con ellos, la idea es que veamos cómo podemos hacer un reglamento que sea ejecutable. Hemos dicho que esto es algo que tienen que cumplir el colmadero, el de la farmacia, el carretero, los supermercados y las tiendas", sostuvo.

El artículo 27 de la Ley 98-25 modifica la aplicación del numeral 2 del artículo 172 de la Ley núm. 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y otorga un nuevo plazo de doce meses, "a partir de la entrada en vigor de esta ley", para que quede totalmente prohibida a los establecimientos comerciales la entrega gratuita de bolsas o fundas plásticas de un solo uso.

"En el curso del referido plazo de 12 meses, los establecimientos comerciales que todavía proporcionen fundas plásticas deberán hacer campañas de sensibilización para sustituir su uso por fundas o bolsas reciclables o reutilizables y reducir el consumo de fundas plásticas", reza el artículo.

El cobro de las fundas 

Según explicó la ejecutiva, una de las alternativas que evalúa el sector es el cobro de las fundas plásticas. En ese sentido, señaló que uno de los temas que se prevé abordar en la mesa es cómo se implementará el cobro, desde cuándo comenzará a aplicarse, bajo qué criterios, si por tamaño o calibre de la funda, y cuáles serían las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley.

Explicó que se contempla la creación de una fórmula dentro del reglamento que permita fijar el costo de la funda al consumidor.

"En principio, lo que buscamos es que lo que me cueste esa funda yo lo voy a transparentar, reconociendo que ya para la Dirección General de Impuestos Internos eso va a ser un inventario", resaltó.

"Cada vez que yo venda esa funda voy a tener que tributar, porque se entiende que hay una ganancia y va a tener ITBIS. Para el consumidor va a tener lo que me cuesta más la carga tributaria. En eso tenemos que ponernos de acuerdo para que haya regularidad", indicó.

Materiales para las fundas reutilizables

La ejecutiva detalló que la ONEC ha abordado, además, "la incorporación progresiva de opciones más sostenibles", como respuesta a sectores de la población que utilizan las fundas plásticas para diversos fines.

"Cuando se ha querido comenzar a implementar este tipo de medidas, hay personas que alegan que las fundas plásticas son necesarias para ellas porque, al final, en sus casas las utilizan", explicó.

"Hemos pensado no tener fundas de un único uso, sino unas que sean más fuertes y que puedan ser usadas para más ocasiones", indicó Troncoso, quien detalló que se ha contemplado el uso de otros tipos de materiales, como los orgánicos, para las fundas reutilizables, una alternativa que aún es exploratoria.

La clave de la concienciación

Troncoso explicó que desde hace años los comercios han impulsado alternativas al uso de fundas plásticas de un solo uso. Señaló que en supermercados y tiendas ya se ofrecen fundas reutilizables elaboradas con materiales más duraderos y que en establecimientos como zapaterías se han sustituido las bolsas plásticas por bolsas de cartón.

Sin embargo, la directora de la ONEC insistió en que el éxito de la medida dependerá en gran medida del nivel de conciencia ciudadana. Advirtió que, si no se comprende el objetivo ambiental, el consumidor simplemente pagará la funda y no se logrará el desuso que se persigue.

Detalló que se ha abordado con las autoridades la necesidad de campañas de concienciación dirigidas a la población dominicana, a fin de que la medida no se perciba como una disposición exclusiva de los negocios, sino como una política estatal, y así evitar las eventuales quejas de los consumidores.

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Los proyectos fiscales recientes no han sobrevivido en el Congreso

 Santo Domingo, RD 

Aunque el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, busca impulsar en las próximas semanas una propuesta de ley para actualizar algunos impuestos en el país, las iniciativas relativas a temas fiscales han tenido escasas posibilidades de avanzar en el Congreso, donde, al menos diez, han sido retiradas o archivadas.

En este caso, ante la posibilidad de un nuevo proyecto fiscal anunciado por Díaz, los diputados Elpidio Infante (PRM), Félix Michell (FP) y Mayobanex Martínez (PLD) dijeron temer a una reforma fiscal encubierta y propusieron eliminar exenciones. 

Proyectos fiscales que no pasaron

Desde 2020, con la conformación de un Congreso de mayoría oficialista, de las propuestas fiscales, pese a lo diversas, solo dos han logrado superar los debates legislativos y convertirse en ley.


Durante esta conformación congresual, el primer proyecto que intentó modificar el pago de algunos impuestos fue el Presupuesto General del Estado para 2021, presentado por el presidente Luis Abinader ante la Cámara de Diputados tras asumir el Gobierno en agosto del 2020.

La propuesta, que terminó siendo modificada por la presión social y las amenazas de protestas, contemplaba gravar el salario de Navidad que reciben los trabajadores, cobrar impuestos a los servicios por plataformas digitales y aplicar un 3 % a las operaciones o consumos en moneda extranjera sobre el monto de las transacciones con tarjetas de crédito, entre otras disposiciones.

Las toallas sanitarias

Otro proyecto en materia fiscal que no prosperó en la Cámara de Diputados fue la iniciativa para liberar de impuestos las toallas sanitarias, al ser consideradas un producto de higiene y salud femenina. La propuesta fue impulsada en 2022 por Omar Fernández, cuando era diputado, pero nunca se aprobó porque la comisión que la estudió no rindió un informe a tiempo.

En 2024, cuando diputados y senadores fueron cuestionados por las exenciones que les permiten importar vehículos sin pagar impuestos, surgieron al menos tres proyectos de ley, que nunca avanzaron, para limitar ese beneficio e imponer un tope a la entrada de los autos adquiridos por los congresistas.

Como parte del paquete de enmiendas que impulsaba Abinader, la Cámara de Diputados estudió durante apenas dos semanas un proyecto de ley de modernización fiscal que, entre otros aspectos, proponía aumentar el costo de los marbetes, incrementar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) e incluir más productos alimenticios gravados con Itbis. El mandatario retiró el proyecto.

Tras esa fallida reforma fiscal, el diputado Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), depositó un proyecto de ley que caducó y que buscaba eliminar algunas exenciones fiscales a sectores como el turismo, las industrias y los combustibles, pero nunca avanzó en las comisiones congresuales.

Otros proyectos de carácter fiscal que tampoco prosperaron en el Congreso son la eliminación de impuestos a los regalos que entren al país con motivo de Navidad y Año Nuevo, y el de racionalización del gasto y orden de impuestos. 

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Senado aprueba proyecto que deroga artículos sobre candidaturas independientes de la Ley Electoral

Santo Domingo, RD

El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

La iniciativa establece disposiciones sobre las candidaturas independientes, es decir, aquellas en las que las personas se postulan a cargos de elección popular sin pertenecer a un partido, movimiento o agrupación política, y sin que estas organizaciones sirvan de plataforma para su propuesta electoral.

En su tercer artículo, el proyecto señala que, por su naturaleza y condición, las candidaturas independientes que resulten ganadoras podrían enfrentar escollos y dificultades para la efectividad en el ejercicio de los mandatos constitucionales, principalmente en lo relativo a la suplencia, la institucionalización de bloques y otros mecanismos de participación democrática.

La propuesta fue presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán, Moisés Ayala Pérez, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, Casimiro Antonio Marte Familia, Aracelis Villanueva Figueroa, Lía Ynocencia Díaz Santana y Pedro Manuel Catrain Bonilla.

En la misma sesión, el Pleno del Senado aprobó en única lectura una resolución que conmemora el centenario de Minerva Mirabal, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.

La pieza legislativa destaca que María Argentina Minerva Mirabal Reyes, nacida el 12 de marzo de 1926 en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo —hoy provincia Hermanas Mirabal—, se distinguió desde temprana edad por su pasión por la lectura, la escritura y la reflexión crítica, lo que le permitió desarrollar una sólida conciencia política y social, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia dominicana.

Asimismo, recuerda que el asesinato de Minerva Mirabal, junto al de sus hermanas Patria y María Teresa, y el de su conductor Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960, aceleró la caída de la dictadura y las convirtió en heroínas nacionales. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esa fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a su lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Pleno de senadores ratifica nombramiento diplomático

Durante los trabajos legislativos de este miércoles, los senadores también ratificaron el nombramiento de José Julio Gómez Beato como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente ante la República Democrática de Timor Leste, con sede en la República Popular China.

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