La decisión de la jueza de instrucción especial de imponer tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdéz Alcántara fue valorada por representantes de Participación Ciudadana, quienes consideraron que la medida responde a la gravedad de los hechos que se le imputan.
Uno de los representantes de la entidad afirmó que la decisión “marca un precedente”, debido a que el imputado pertenece al sistema de persecución judicial.
Además, sostuvo que el caso debe servir de ejemplo para quienes actúen de manera incorrecta dentro de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
“Yo creo que servirá de ejemplo para aquellos que lo estén haciendo de manera incorrecta sepan que no importa en qué posición estén, sobre todo cuando hablamos de la persecución. Obviamente la sociedad dominicana está pendiente a los casos de corrupción”, expresó.
Sectores evangélicos llaman a actuar con integridad
En esa misma línea, representantes del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica indicaron que el proceso podría convertirse en una referencia tanto para el sistema judicial como para los miembros del Ministerio Público.
“Nosotros seguimos en la expectativa esperando el desenlace de la situación, pero también es una advertencia a los demás colegas y compañeros para que siempre se comporten a la altura que se espera, con integridad”, manifestaron.
Audiencia se extendió por más de 10 horas
La medida fue dictada en la madrugada del miércoles, luego de una audiencia que se prolongó por más de 10 horas y que había sido aplazada en cuatro ocasiones.
Durante el conocimiento de la medida, las partes presentaron alrededor de 18 incidentes, la mayoría sometidos por la defensa. Entre las solicitudes figuró la exclusión del director de persecución, Wilson Camacho, bajo el alegato de que no tenía jurisdicción en el caso, petición que fue rechazada por la jueza Muñiz.
La defensa calificó el proceso como “exagerado, absurdo, abusivo, malsano, ilegal, inconstitucional e ilegítimo”.
Cumplirá coerción en Najayo
El fiscal deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.
La revisión obligatoria de la medida impuesta a Valdés Alcántara fue fijada para el próximo 29 de junio.
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