Demandan concluir obras en tecnológico de artes y oficios

Santo Domingo, RD

 La comunidad educativa del Instituto Tecnológico Artes y Oficios, ubicado en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional, realizó este jueves un “brazo caído” en demanda de la conclusión de varias obras que aseguran se encuentran paralizadas desde hace más de dos años.

Obras paralizadas

Por más de dos años, los más de 900 estudiantes del Instituto Tecnológico Artes y Oficios, en el Ensanche La Fe, han tenido que comer sentados en el piso de los pasillos del plantel escolar o debajo de los árboles.

Al igual que en el comedor, la paralización de los trabajos de remodelación del salón de eventos, las oficinas administrativas y la cancha deportiva del politécnico han convertido esos espacios en un cementerio de varillas oxidadas.

Los pájaros le dañan los alimentos cuando los estudiantes están comiendo, porque es en los pasillos que comen o debajo de los árboles”, dijo José Vega, dirigente de la ADP.

No tenemos salón de actos, no tenemos cancha para los estudiantes, pero, lo más importante, como un personal administrativo trabaja sin oficinas”, expresó Beatriz Felicio, miembro de la Sociedad de Padres del ITAO.

Protesta por soluciones

En demanda de que las autoridades del Ministerio de Educación concluyan los trabajos, este jueves la comunidad educativa del politécnico paralizó la docencia por tres horas, bajo la modalidad de “brazo caído”.

Lamentablemente, la calidad educativa de este centro se está yendo al piso”, indicó Alexander Marmolejos, maestro del centro educativo.

Y que lo sepan las autoridades, que esta lucha no va a parar hasta que los trabajos concluyan con éxito”, agregó José Vega, dirigente de la ADP.

La comunidad educativa advirtió que, de no ser escuchada, llevará sus reclamos ante el Palacio Nacional.

Respuesta oficial

La Dirección de Infraestructura Escolar explicó que las obras del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios se encuentran en trámites legales para pasar bajo la dirección de la institución, luego de la disolución de la Oficina de Cooperación Internacional en diciembre de 2025.

Estamos hablando de que en una semana se comenzarán los trabajos, porque lo conversamos con el contratista y ese es el compromiso”, afirmó William Recio, enlace de la DIE para el traspaso de obras de la OCI.

El funcionario informó que, como parte de las acciones para dar solución a los centros educativos que quedaron en el limbo jurídico, 194 planteles, en diferentes etapas de construcción y remodelación, están siendo licitados en 99 lotes.

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La factura de la electricidad muestra ahora el subsidio que otorga el Gobierno

 Santo Domingo, RD 

Si eres cliente de una de las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y de los que se fijan en los elementos que contiene la factura, probablemente habrás notado que a partir de marzo le fue incluido dos nuevos conceptos: "importe sin subsidio" e "importe subsidiado".

Tanto Edenorte, Edesur y Edeeste incluyeron en el documento por el servicio el monto que pagaría el usuario sin el subsidio que aporta el Estado y el balance final que debe desembolsar por el servicio brindado.

En la factura de una cliente de Edesur, con período de facturación del 13 de marzo al 13 de abril, por la cual debía pagar 5,992.91 pesos sin el "importe total sin subsidio", con el aporte del Gobierno de 2,661 pesos la usuaria terminó debiendo 3,331.91 pesos.

De igual forma, un usuario de Edeeste, por cuya factura del 20 de abril de este año debía pagar sin el importe 3,052.58 pesos, con el subsidio estatal, que ascendió a 1,770.96 pesos, finalizó con un saldo pendiente a pago de 1,281.62.

El dirigente político del opositor partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, reveló que, de acuerdo con informaciones, la medida de incluir ambos conceptos en la factura es para plantear la eliminación del subsidio a partir de junio próximo.

"Es decir, le está anunciando (el Gobierno) de cuánto será su aumento y mientras tanto nos entretiene con el supuesto diálogo (por la crisis derivada de la guerra en Medio Oriente)", declaró Rosario.

El presidente de la República, Luis Abinader, adelantó en un discurso a la nación el pasado marzo que el país registraría presiones sobre la tarifa eléctrica, como resultado del impacto por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Crece el fondo de estabilización

Entre enero y febrero de 2026 el Estado destinó 151.4 millones de dólares para el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), 16.8 millones de dólares adicionales a los destinados para ese concepto en igual período del año pasado.

Solo durante el 2025, el FETE consumió 827.5 millones de dólares de los contribuyentes, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Sector deficitario

Recientemente, la agencia calificadora Fitch Rating redujo la perspectiva del país, pasándola de positiva a estable, aunque mantuvo la calificación en ´BB-´.

Sin embargo, Fitch sostuvo que la calificación de crédito soberana se ve limitada, entre otros factores, por la subvención de un sector eléctrico deficitario.

Las tres empresas públicas distribuidoras de electricidad dejaron de cobrar 181.9 millones de dólares durante el período enero-febrero, como resultado de compra de energía a los generadores por 480.8 millones de dólares, de cuyo monto facturaron 308.5 millones y recuperando por pago de los usuarios solo 298.9 millones de dólares, según el informe del MEM.

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Nuevo Código Penal amplía sanción penal a empresas y a sus directivos

Santo Domingo, RD 

A partir de agosto entrará en vigencia la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal y amplía significativamente el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas —empresas, asociaciones comerciales y fundaciones—, así como la de sus propietarios, gerentes y otros de sus representantes.

La normativa establece que los propietarios y gerentes de las empresas podrán enfrentar condenas de hasta cinco años de prisión por actos u omisiones derivados de imprudencia o negligencia que ocasionen daños o la muerte de personas.

Hasta ahora, solo leyes especiales en áreas específicas —como la protección del medio ambiente— contemplaban sanciones penales para propietarios, administradores y directivos empresariales. 

El párrafo VII del artículo 8 del nuevo Código dispone que una persona jurídica será penalmente responsable si se comprueba que la acción u omisión atribuible a ella fue producto de imprudencia, negligencia, inadvertencia, inobservancia de reglamentos o violación del deber de cuidado.

No obstante, dicha responsabilidad podrá ser atenuada o sometida a soluciones alternas —como períodos de prueba— si la empresa demuestra que contaba con políticas y programas efectivos, verificables y medibles de cumplimiento normativo y prevención de infracciones.

Dueños de inmuebles 

Al disponer la sanción penal a quienes por torpeza, imprudencia o negligencia causen decesos, la Ley 74-25 también establece, en su artículo 112, que "el propietario, o la persona que ostente la posesión o el dominio, de un inmueble o instalación destinado a la operación de comercio, espectáculos de cualquier naturaleza, aparcamiento de vehículos, hospedaje" serán también sancionados hasta con diez años de cárcel.

La pena se impondrá cuando provoque la muerte de "más de cinco personas" al realizar ampliaciones violando las normativas que lo obligan a introducir las reparaciones que sean necesarias y a observar regulaciones específicas de construcción y seguridad física.

Coautoría 

El abogado Miguel Valerio, quien es director académico del Instituto VJR Orwell Centro de Pensamiento para la Libertad, explica que un propietario o gerente solo enfrentará sanciones penales si se demuestra una actuación conjunta con la empresa en la comisión de la infracción. En caso contrario, recaería exclusivamente en la persona jurídica.

Por su parte, el jurista Robinson Reyes señala que quienes realmente administran y ejecutan las operaciones son los principales responsables, ya que sus firmas figuran en documentos de la empresa. Ambos dicen que, entre las sanciones más severas para las personas jurídicas se encuentra su disolución. También pueden imponer su suspensión temporal.

¿Cuándo son responsables?

El nuevo código "institucionaliza la responsabilidad penal de la empresa y ya el propietario, el empresario, el presidente del Consejo, no necesariamente debe responder por la persona jurídica", asevera Miguel Valerio. 

Según este penalista, la Ley 74-25 exige a las empresas implementar sistemas eficaces de gestión de riesgos penales y programas de cumplimiento normativo. 

Cita el ejemplo de que, una empresa exime su responsabilidad penal cuando uno de sus empleados, mediante maniobras fraudulentas burla el sistema de cumplimiento y la compañía no tiene posibilidad alguna de detectarlo, pero que, inmediatamente se percata de la infracción, los directivos denuncian al responsable del delito.

Sostiene que actualmente, además de los temas de medio ambiente, también en lo que tiene que ver con lavado de activos, por la Ley 155-17, así como la de la Bolsa de Valores, existe una responsabilidad penal para el dueño de la sociedad comercial sin importar que haya participado o no de los hechos delictivos.

La pena para la empresa 

Valerio y Reyes coinciden que la penalidad de las empresas, la más grave es su disolución. También se le puede suspender sus operaciones comerciales por un tiempo determinado, retirar sus concesiones, inhabilitarla para concurso de proveedora del Estado y el retiro de licencias.

"Las personas jurídicas son las únicas que, en el proceso penal, actual, se pueden matar porque cuando tú ordena la extinción de las acciones de esa compañía, tú la estás matando", subrayó Reyes.

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¿Cuál es el destino de un menor abandonado en RD?

 Santo Domingo, RD 

El hallazgo de un bebé la pasada semana, frente a una vivienda en el kilómetro 11 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, activó el protocolo estatal de una carrera que desde ya empieza a definir su futuro. 

Aunque el infante se encuentra bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), su estabilidad física es solo el primer paso de un proceso que busca rescatarlo del anonimato legal.

¿Qué sigue?

Cuando un menor es hallado en la vía pública sin referentes familiares, el Estado dominicano inicia un proceso legal y administrativo que busca garantizar su derecho a la identidad y a una familia. 

Según informaciones obtenidas del encargado del Departamento de Gestión Territorial del Conani, Edwin Ceballos, el protocolo se divide en varias etapas.

Evaluación médica y retención: normalmente, el centro de salud al que se traslada el menor emite un informe clínico y se contacta con el Ministerio Público, quien emite una orden de retención para evitar que el infante sea entregado a personas no autorizadas.

Investigación de campo: durante los primeros tres meses, se realizan levantamientos consecutivos de trabajo social. Se indaga en el entorno donde apareció el niño, hospitales y cuarteles.

"Se hacen tres levantamientos consecutivos mes por mes. Esto va abultando todo el expediente a los fines de que se verifique la existencia o no de algún referente familiar. Se realizan a los fines de ir recibiendo información oportuna", dijo. 

El llamado que llevó a un ciudadano a rescatar a un bebé que fue abandonado frente a su vivienda

Expediente de declaratoria de abandono: Si tras las investigaciones no aparece la familia biológica, el Departamento de Protección Legal del Conani apodera al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al niño se le asigna un nombre de forma provisional y, tras la sentencia de abandono, el tribunal autoriza al Conani a dotarlo de un acta de nacimiento para garantizar su derecho a la nacionalidad.

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Higüey crece sin control: expansión urbana supera la capacidad del territorio

 Higüey, RD 

 El municipio Salvaleón de Higüey, principal centro urbano de la provincia La Altagracia, experimenta un crecimiento acelerado que, aunque refleja dinamismo económico, también evidencia una creciente presión sobre su capacidad territorial, los servicios básicos y la planificación urbana.

De acuerdo con el informe "Expansión de las comunidades urbanas de La Altagracia, República Dominicana 1988-2022", el distrito de Higüey concentra el 52.09 % de todas las edificaciones de la provincia. Además, el 81.29 % de las viviendas se ubica en zonas urbanas, lo que confirma un alto nivel de centralización poblacional en un distrito de más de 234,000 habitantes, según el Censo de Población y Viviendas de 2022.

Este crecimiento se traduce en una elevada densidad habitacional. La ciudad registra 1,511.87 viviendas por kilómetro cuadrado, cifra que casi duplica el promedio provincial de 805.60 viviendas/km², evidenciando una fuerte presión sobre el espacio urbano y los servicios públicos.

Expansión acelerada

El territorio urbanizado de Higüey ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. En 1988 contaba con apenas 1.97 km², aumentando a 17.80 km² en 2010 y alcanzando 22.12 km² en 2022, lo que representa un incremento superior al 1,022 % en 34 años.

En total, la ciudad se expandió 20.15 km², siendo el período entre 1988 y 2010 el de mayor crecimiento, con 15.83 km² adicionales. En cambio, entre 2010 y 2022 el aumento fue de 4.32 km², reflejando una desaceleración en el ritmo de expansión.

La velocidad de crecimiento también ha variado: pasó de 0.72 km² por año entre 1988 y 2010 a 0.36 km² anuales en el período más reciente, lo que indica una moderación en la ocupación del suelo, aunque el crecimiento continúa.

Dispersa y desigual

El patrón de crecimiento urbano ha evolucionado de una expansión inicial hacia el oeste a un comportamiento multidireccional, extendiéndose hacia el norte, sur y suroeste, lo que sugiere una dinámica menos planificada y más dispersa.

A nivel interno, sectores como Pepe Rosario, Pueblo Nuevo y Los Coquitos presentan las mayores concentraciones de viviendas, mientras que comunidades como Cambelén y Batey Estante Alto mantienen densidades más bajas, reflejando desigualdades en la distribución urbana.

El informe atribuye este crecimiento al aumento poblacional, el desarrollo económico del este y la expansión de actividades comerciales y de servicios, aunque advierte sobre los desafíos en planificación, infraestructura y acceso a servicios básicos.

Falta de regulación 

El arquitecto Cirio Valdez advierte que el crecimiento urbano de Higüey no solo es acelerado, sino también desorganizado, debido a la débil aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial.

Según explica, aunque la normativa busca regular el uso del suelo, promover la densificación ordenada y garantizar la planificación de infraestructuras, su implementación ha sido lenta, lo que ha permitido la proliferación de proyectos habitacionales sin servicios básicos.

Grandes extensiones de terreno están siendo subdivididas y vendidas como solares sin garantizar agua potable, drenaje sanitario, electrificación, aceras o contenes, especialmente en zonas cercanas a la carretera Higüey–El Seibo y la Autovía del Coral.

Asimismo, señala que el modelo de expansión horizontal incrementa la presión sobre servicios como la recolección de residuos, el suministro de agua, el drenaje pluvial y la movilidad urbana, situación visible en comunidades como Villacerro, La Malena y La Tranquera.

Valdez también advierte la falta de una zonificación clara, lo que ha permitido construcciones en áreas vulnerables, incluyendo humedales y zonas propensas a inundaciones, además de limitar la creación de espacios públicos y áreas verdes.

A mediano y largo plazo, sostiene que este modelo de crecimiento podría derivar en colapso de servicios, inundaciones urbanas y mayor desigualdad territorial. "El problema ya existe, ahora toca organizarlo", afirma.

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