jueves, 10 de septiembre de 2026

Policía dice acusado de agredir a joven en Los Praditos habría huido a EEUU

 Santo Domingo, RD

Las autoridades buscan localizar a Lenín Núñez de León, señalado como el presunto responsable de la agresión que posteriormente provocó la muerte de un joven de 23 años, quien permaneció dos meses hospitalizado debido a las heridas sufridas.

Se trata de Manuel Contreras Medina, quien, según su hermana, Rosa Elena Contreras, acudió el pasado primero de julio al sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, para recibir un teléfono celular que había comprado a través de una plataforma digital.

De acuerdo con el relato de la familiar, el joven habría sido agredido a batazos por Núñez de León en las inmediaciones del play de Los Praditos, provocándole múltiples golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Contreras Medina fue ingresado en un centro de salud de Santo Domingo, donde permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos meses, hasta que falleció este martes.

Búsqueda y posible repatriación del acusado

La Policía informó que, conforme a los reportes que maneja, Núñez de León habría salido del país con destino a Estados Unidos, por lo que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para localizarlo y gestionar su repatriación a República Dominicana.

Mientras esperan que el señalado sea localizado, los familiares de Manuel Contreras Medina reclaman justicia por su muerte.

Los restos del joven serán trasladados a Bonao, de donde es oriunda su familia, para la realización de las honras fúnebres.

@noticiassin.com

Poder Ejecutivo deposita proyecto de ley para construir estadio de béisbol en ensanche La Fe

 Santo Domingo, RD

El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad comercial de capital mixto que tendría a su cargo el desarrollo, construcción y operación de un moderno estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos (MLB), así como de un complejo inmobiliario y urbanístico en el Distrito Nacional.

La propuesta contempla construir el nuevo estadio en el perímetro que actualmente ocupa el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el ensanche La Fe. La instalación estaría diseñada para albergar partidos oficiales de equipos de las Grandes Ligas, además de otras disciplinas deportivas, actividades recreativas y eventos sociales.

La iniciativa señala que, pese a la relevancia internacional del béisbol dominicano, el país carece de un estadio con estándares modernos que permita ofrecer a los aficionados mejores condiciones de comodidad, seguridad y servicios, además de facilitar la celebración de eventos internacionales de alto nivel.

Una alianza entre el Estado y el sector privado

La propuesta legislativa plantea ejecutar el proyecto bajo un esquema de capital mixto, con participación del Estado dominicano y de inversionistas privados.

De acuerdo con el proyecto, el Estado y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) podrán aportar en naturaleza los inmuebles de su propiedad ubicados dentro de las manzanas que forman parte del perímetro del proyecto. A cambio, recibirían acciones equivalentes al valor de los bienes aportados, determinado mediante una tasación realizada por tres profesionales del Instituto de Tasadores de la República Dominicana.

El Estado también podrá aportar posteriormente otros terrenos ocupados por entidades públicas dentro de la Zona de Uso Especial del ensanche La Fe, con el propósito de desarrollar el componente inmobiliario y urbanístico.

La propuesta responde a una recomendación de la comisión consultiva creada mediante el Decreto núm. 306-25, del 6 de junio de 2025, para evaluar la viabilidad de construir en terrenos estatales del ensanche La Fe un estadio que cumpliera con los requerimientos de las Grandes Ligas.

Luego de realizar consultas y estudios y recibir los requerimientos de MLB, la comisión recomendó que la construcción se realizara mediante una alianza con el sector privado, a través de una sociedad comercial de capital mixto.

El proyecto deberá garantizar, además, el funcionamiento continuo del Estadio Quisqueya Juan Marichal durante todo el período de construcción del nuevo estadio.

Entre las condiciones previstas también figura la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

Una transformación urbana más amplia

El proyecto no se limita a la construcción de una nueva instalación deportiva. La propuesta plantea aprovechar las características del denominado “polígono especial Ensanche La Fe” para desarrollar un proyecto inmobiliario y urbanístico que complemente el estadio.

La Ordenanza 1/25, del 11 de febrero de 2025, declaró como polígono especial los terrenos del Estadio Quisqueya y del Coliseo Carlos Teo Cruz, además de áreas ocupadas por instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

La iniciativa sostiene que las características de esta zona justifican que la construcción del estadio sea acompañada de un desarrollo inmobiliario autosostenible, con participación del sector privado en la capitalización, financiamiento y ejecución del proyecto.

Diversas vías de financiamiento

El proyecto contempla que Citelf pueda financiar sus iniciativas mediante distintos mecanismos, entre ellos aportes en efectivo del socio estratégico, fondos de inversión autorizados, emisión de valores y financiamiento bancario.

No obstante, establece que el nuevo estadio de béisbol y el Coliseo Carlos “Teo” Cruz no podrán ser utilizados como garantía inmobiliaria.

Asimismo, la sociedad podrá acogerse a los incentivos fiscales previstos en el ordenamiento jurídico dominicano, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, tanto para la construcción del estadio y la remodelación del coliseo como para el desarrollo del complejo inmobiliario.

El Quisqueya continuará operando durante la construcción

La iniciativa prevé una etapa de transición para evitar que la construcción del nuevo estadio afecte las operaciones deportivas actuales.

Hasta que Citelf sea constituida y se seleccione al socio estratégico, el Estadio Quisqueya Juan Marichal y el Coliseo Carlos Teo Cruz continuarán bajo el régimen de administración vigente. Posteriormente, la administración y gestión de ambas instalaciones pasarán a la nueva sociedad.

Una vez asumida la administración del estadio, Citelf deberá atender las necesidades operativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilizan la instalación durante la temporada de béisbol profesional.

Para ello, el proyecto contempla suscribir un convenio marco con Lidom que garantice los derechos de uso y mantenimiento del estadio, mientras la sociedad conservará el control administrativo de la instalación durante todo el año.

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DNCD incauta 42 paquetes de presunta cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Santo Domingo, RD

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público incautaron 42 paquetes de presunta cocaína durante una operación realizada en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, provincia Santo Domingo.

La intervención contó con el apoyo de la Seguridad Militar de la terminal y se produjo luego de que agentes de la DNCD recibieran informes de inteligencia sobre la presencia sospechosa de varias personas en las proximidades de un bloque de contenedores refrigerados destinados a la exportación.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, varios sospechosos intentaron escapar, pero uno de ellos fue interceptado y detenido. El hombre, según las autoridades, es empleado del puerto.

Durante un primer rastreo en la zona, los agentes encontraron un bulto negro con nueve paquetes en su interior, así como otro bulto vacío y herramientas que presuntamente fueron utilizadas para retirar las tapas metálicas del sistema de enfriamiento de los contenedores.

A partir de este hallazgo, las autoridades activaron el protocolo de inspección en el área y localizaron otros 33 paquetes ocultos en la estructura del sistema de enfriamiento de un contenedor cargado con productos médicos.

De acuerdo con el manifiesto de carga, el contenedor tenía como destino final Francia.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para identificar y apresar a los demás involucrados en la operación, que presuntamente buscaba sacar el alijo del país con destino a Europa.

El detenido permanece bajo custodia del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras los 42 paquetes fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el tipo y peso exacto de la sustancia.

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ANPA pide mayor inversión y mejores condiciones para el sector agropecuario

Santo Domingo, RD

 Con motivo del Día Mundial de la Agricultura, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) llamó al Gobierno dominicano a incrementar la inversión pública destinada al sector, ampliar el financiamiento a los productores y mejorar los salarios y las condiciones laborales de los profesionales agropecuarios.

El presidente de la ANPA, Tito Hernández, afirmó que el limitado presupuesto destinado a la agricultura, las dificultades para acceder al financiamiento público y los bajos salarios de los profesionales agropecuarios mantienen al sector en una situación de marginalidad que, a su juicio, no se corresponde con su importancia económica, social y estratégica para la República Dominicana.

“La agricultura no puede continuar recibiendo un tratamiento secundario. Estamos hablando de la actividad que produce los alimentos, genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y garantiza la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Sin agricultura no hay alimentos y sin alimentos no hay vida”, declaró Hernández.

El dirigente gremial sostuvo que el país necesita una política agropecuaria de Estado respaldada por mayores recursos para investigación, innovación tecnológica, asistencia técnica, crédito oportuno y asequible, sistemas de riego, sanidad agropecuaria, comercialización y adaptación al cambio climático.

Hernández también planteó la necesidad de mejorar las condiciones de los profesionales agropecuarios, al señalar que no puede hablarse de modernización ni de aumento de la productividad mientras estos reciben bajos salarios, carecen de estabilidad laboral o esperan durante años una pensión digna.

“Los profesionales agropecuarios merecen salarios justos, pensiones dignas, nuevos nombramientos, capacitación permanente y condiciones adecuadas para cumplir su misión. Invertir en estos profesionales no constituye un gasto: es una inversión directa en productividad, seguridad alimentaria y desarrollo nacional”, expresó.

La ANPA pidió que la agricultura sea colocada entre las principales prioridades nacionales y llamó al Gobierno, al sector privado, a las organizaciones de productores y a las universidades a concertar una estrategia de largo plazo para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia alimentaria del exterior.

“En este Día Mundial de la Agricultura rendimos homenaje a nuestros productores y profesionales agropecuarios. Pero el mejor reconocimiento no son solamente las palabras: es garantizarles financiamiento, tecnología, asistencia técnica, mercados, salarios dignos y oportunidades reales para producir. Defender la agricultura es defender la vida y el futuro de la República Dominicana”, concluyó el presidente de la ANPA.

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DGCP ratifica suspensión del Registro de Proveedores a empresas investigadas por la Procurduría

Santo Domingo, RD

 La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó la suspensión temporal del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las empresas Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., mientras la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abiertas investigaciones penales por presuntos delitos contra la Administración pública vinculados a procesos de contratación.

La institución tomó la decisión tras desestimar los recursos de reconsideración presentados por dichas empresas contra el acto administrativo núm. DGCP44-2025-004600 de fecha 20 de noviembre de 2025.

Recordó que los registros de estas compañías junto con los de otras 18 sociedades comerciales fueron suspendidos de oficio en noviembre del año pasado luego de una investigación de oficio junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría que arrojó indicios de vinculación a una estructura de proveedores que habría manipulado procesos de contratación estatal a través de prácticas fraudulentas, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.

En las resoluciones motivadas, la DGCP precisó que la suspensión del RPE no constituye una sanción penal ni una condena anticipada que vulnere la presunción de inocencia y que, por el contrario, responde a una medida cautelar, preventiva y temporal amparada en el artículo 25 de la Ley núm. 107-13 de Procedimiento Administrativo, así como en el régimen de inhabilitaciones previsto en la Ley núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 416-23. vigentes en aquel momento.

"El mantenimiento de la condición de proveedor activo del Estado no constituye un derecho inmutable ni absoluto, sino que la permanencia en el RPE está condicionada y sujeta al cumplimiento continuo de principios de integridad, transparencia e idoneidad", subrayó la institución.

Asimismo, enfatizó que, ante alertas formales sobre investigaciones penales por presuntos ilícitos en procesos de contrataciones públicas, el órgano rector está legalmente facultado para actuar de oficio y mitigar riesgos sobre los fondos públicos.

Al responder a los recursos presentados por las empresas Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., la DGCP concluyó que: ninguna de las sociedades comerciales aportó elementos probatorios o documentos capaces de desvirtuar la fundamentación legal y cautelar que dio origen a la suspensión inicial.

Indicó que, si bien se reconocen las expectativas de dichas empresas, estas no pueden sobreponerse a la protección del interés general, la libre competencia y la prevención de la corrupción.

La DGCP informó que, como parte de su protocolo institucional, las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026 fueron formalmente notificadas a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Cámara de Cuentas y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para los fines correspondientes.

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