Santo Domingo, RD
El Ministerio Público solicitó este jueves al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el decomiso de un extenso patrimonio inmobiliario, vehicular y financiero, como parte del proceso judicial por el caso de corrupción administrativa mediante el cual, según la acusación, se sustrajeron más de 4,500 millones al Estado dominicano.
Entre los bienes cuya incautación definitiva fue solicitada por la Fiscalía figura una finca avícola, ganadera y agropecuaria donde operaba la Asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en Sabana Grande de Boyá, valorada en 3,856,046 millones de dólares, así como un proyecto residencial en Colina del Oeste compuesto por cuatro residencias familiares y un área común, cuyo valor conjunto asciende a 3,502,004.13 millones de dólares.
También se incluye una villa de lujo localizada en Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, valorada en 500,000 dólares.
La solicitud de decomiso abarca además una plaza comercial de 44 locales situada en la autopista Duarte, valorada en 92 millones de pesos, así como un amplio terreno ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, donde opera un negocio, cuyo valor fue estimado en 123,649,234.02 millones de pesos.
En la provincia Monte Plata, el Ministerio Público pidió decomisar varias propiedades rurales, entre ellas una finca sembrada de piñas en Pueblo Nuevo del distrito municipal Chirino, valorada en 32,256,056 millones de pesos, una finca agrícola ubicada en el tramo carretero Mata Los Indios, en Bella Vista de Guerra, con un valor de 342,040 dólares, y una finca sembrada de cacao localizada en el tramo Los Botados–Camarón, en Hato Viejo de Yamasá, valorada en 265,546 dólares.
También forma parte del patrimonio bajo solicitud de decomiso una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina Caquelo, en el distrito municipal Río Verde, provincia La Vega, valorada en 14.4 millones de pesos.
A esto se suman más de 25 apartamentos distribuidos entre Santo Domingo, el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como casas residenciales en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y otras demarcaciones.
El expediente incluye igualmente la incautación de unos 70 vehículos, entre camiones de carga, vehículos agrícolas, yipetas, automóviles deportivos, eléctricos y otros vehículos de alta gama, además de cuentas bancarias y certificados financieros que se encuentran actualmente inmovilizados.
Solicitud de condenas
Durante la audiencia de hoy, los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como cabecillas de la presunta red de corrupción.
La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, además del decomiso de los bienes vinculados a los hechos.
Asimismo, el Ministerio Público pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora; Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Para otros imputados, entre ellos Yehudy Guzmán Alcántara, Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón y varios familiares de los principales acusados, se solicitaron penas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos, junto al decomiso de bienes.
En el caso de Esmeralda Ortega Polanco, el órgano acusador solicitó 10 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para el sargento Alejandro José Montero Cruz pidió 10 años de cárcel y una multa de 75 salarios mínimos.
Pena para el delator
Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien admitió los hechos y colaboró con el proceso, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, requiriendo al tribunal que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como pena cumplida y que el resto sea suspendido, bajo reglas como residencia fija, presentación periódica ante el juez de ejecución de la pena y prohibición del porte de armas.
Igualmente, solicitó cinco años de prisión para Carlos Augusto Lantigua Cruz, con una multa de 500,000 pesos, y para Miguel Ventura Pichardo, con igual sanción económica.
Empresas involucradas
En cuanto a las personas jurídicas, el Ministerio Público solicitó la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, además de una multa de 200 salarios mínimos.
También pidió sanciones similares para las empresas Hacienda Kelman SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa International Company SRL, Aldom Glass Aluminium SRL y R&F Agroindustrial, todas con multas de 200 salarios mínimos y decomiso de bienes.
Para la empresa Rawel Importadores SRL, solicitó su disolución y una multa de 10 millones de pesos, la cual, conforme a lo dicho por el Ministerio Público, ya fue pagada, al tiempo que destacó su colaboración con el proceso y la aceptación de responsabilidad penal.
Próxima audiencia
El tribunal, presidido por la jueza Giselle Méndez e integrado además por Jissel Naranjo y Tania Yunes, fijó la continuación de la audiencia para el martes 10 del mes en curso.
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