Santo Domingo, RD
El Ministerio Público reiteró la contundencia de las pruebas que, según sostiene, ha acumulado en las 34 líneas de imputación contenidas en la acusación por corrupción administrativa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros acusados.
El órgano de justicia sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada que se destinó a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez Sánchez.
Resaltó que el expediente contra el exfuncionario se consolida como uno de los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, derivado de la multiplicidad y extrema gravedad de las acciones delictivas detectadas y documentadas por el Ministerio Público.
Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y todo el sistema de justicia.
“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sostenida”, dijo el Ministerio Público.
“Utilizando la institucionalidad como instrumento, la red persiguió dos objetivos constantes: la acumulación de riqueza ilícita mediante la sustracción de fondos públicos y la construcción de una carrera política, llegando al extremo de destruir archivos institucionales”, añadió.
Las 34 líneas de investigación, según el Ministerio Público
1. Comité de Compras y Contrataciones: utilización del Comité de Compras y Contrataciones como instrumento para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, así como mecanismo de extorsión y manipulación de procesos. Se comprobó que eran falsas decenas de actas del Comité.
2. Estafa en suministro de alimentos: contratación fraudulenta para proveer a recintos penitenciarios y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad. A través de un entramado de empresas que eran controladas por el acusado Rolando Rafael Sebelén, cuñado de Jean Alain Rodríguez Sánchez.
3. Maniobras fraudulentas con documentos: falsificación, superposición digital de firmas y sellos para simular actas de sesiones que nunca se celebraron.
4. Destrucción masiva de archivos: acciones sistemáticas de trituración de documentos públicos de compras ejecutadas en julio y agosto de 2020, con el objetivo de ocultar actos ilícitos.
5. Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN (Inacif): esquema de falsedad y soborno que resultó en la adquisición de equipos inservibles, con pérdidas millonarias para el Estado.
6. Plan de Humanización: uso indebido del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario (incluyendo el CCR La Nueva Victoria) para captar sobornos millonarios y lavar activos a través de múltiples empresas contratistas. (Se montó un absoluto esquema de corrupción en el que se asignaban las obras con la obligación de entregar sumas millonarias en efectos y a través de empresas y la gran parte en efectivo).
7. Recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados para canalizar soborno (AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella).
8. Desfalco mediante boletos aéreos (Global Tours & Travel): adquisición de pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, encubiertos mediante facturas falsas.
9. Fraccionamiento de contrataciones con fines ilícitos para cobro de soborno: subdivisión sistemática de compras para favorecer a empresas específicas (eludiendo las licitaciones públicas).
10. Financiamiento ilícito de carrera política (CEI-RD y PGR): desvío de presupuesto, nómina e instalaciones públicas para propaganda y proselitismo del Movimiento Político Renovación.
11. Lavado de activos a través de testaferro (sede del Movimiento Renovación): Adquisición de la sede política utilizando prestanombres y pagos en efectivo (US$1,268,500) para ocultar al beneficiario real.
12. Estructura de propaganda y acoso (“Granja de Bots”) financiada con dinero de la corrupción: creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y ejecutar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.
13. Pago masivo de “botellas” a cambio de la devolución del salario: contratación de empleados fantasmas obligados a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para destinar esos fondos a financiar la granja de bots.
14. Contratación irregular de asesores internacional (“Los Tequilas”): contratación irregular de asesores mexicanos, pagados mediante entrega en efectivo, transferencias internacionales y sobornos, con el propósito de fortalecer la carrera política del acusado.
15. Línea de sustracción de fondo para pago de asesores de comunicación Pública, S.L.: desvío de millones de pesos para consultorías políticas carentes de productos institucionales verificables.
16. Simulación de capacitaciones institucionales para encubrir pagos por asesoría de imagen y manejo de crisis política: (Desarrollo, Individuo & Organización).
17. Desfalco y fraude en la subasta PSBI-01-2019, de bienes incautados: Disposición irregular, tasación fraudulenta y retención ilegal de bienes incautados en beneficio del acusado, utilizando testaferro.
18. Desfalco en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados: desfalco millonario mediante cheques emitidos sin fundamento y alteraciones de contratos días antes del cambio de gestión gubernamental.
19. Desvío de evidencias (armas de fuego): sustracción y uso irregular de armas incautadas y no devueltas a la cadena de custodia oficial.
20. Asignación ilícita de bienes incautados: explotación para beneficio personal de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas, usando sociedades de carpeta.
21. Sobrevaluación en antropología forense: manipulación de informes técnicos para favorecer a suplidores en la compra ilícita de equipos para el Inacif con fondos de cooperación internacional.
22. Estafa en servicios de transporte: creación de múltiples contratos simulados de alquiler de vehículos para apropiarse de fondos públicos.
23. Creación de necesidades ficticias para monopolizar servicios de impresión y desviar decenas de millones de pesos. (Caso ACBS Servicios S.R.L.).
24. Recepción de sobornos (Displa y TRANSFA): estructura de extorsión a proveedores a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.
25. Desvío de materiales, sustracción de materiales de construcción adquiridos institucionalmente para ser utilizados en propiedades privadas.
26. Desvío y uso ilícito de bloqueadores de señal (anti-drones): Compra irregular de equipos de seguridad con fondos públicos para uso en eventos políticos y sustracción para el patrimonio personal.
27. Maquinaria de soborno y estafa: uso de los recursos de la institución para exigir el pago de soborno de manera compulsiva, en algunos casos con amenazas y chantajes contra los beneficiarios por adjudicaciones fraudulentas.
28. Fraude inmobiliario: sobrevaloración millonaria en la compraventa de un solar, cuyos fondos ilícitos se usaron para la compra de un apartamento privado.
29. Sabotaje informático y borrado de base de datos: eliminación de bases de datos, uso de software de espionaje, ataques de ransomware simulados y desvío de contrataciones tecnológicas.
30. Adquisición y equipamiento fraudulento de una Villa en Casa de Campo y un yate, utilizando dinero de soborno.
31. Destrucción e intento de destrucción de miles de documentos y de pruebas, con el objetivo de evitar la persecución y favorecer organizaciones criminales.
32. Adquisición y equipamiento fraudulento de un local para oficina, superior a los sesenta millones de pesos (RD$60,000,000.00).
33. Declaración jurada y enriquecimiento ilícito: ocultamiento masivo de patrimonio (yates, inmuebles, obras de arte) y sobrevaloración de activos para justificar un enriquecimiento desproporcionado.
34. Lavado de activos corporativos: uso de decenas de sociedades fachada e inoperantes para legitimar recursos ilícitos derivados de los actos de corrupción.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso inquebrantable de procurar sanción ante los tribunales contra esta monumental red que generó un daño institucional, económico y moral incalculable al Estado dominicano, así como su deber constitucional de garantizar la recuperación del patrimonio sustraído.
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