martes, 11 de agosto de 2026

¿Intercambio de disparos o ejecuciones? Videos y testimonios ponen en duda la versión policial

 Santo Domingo, RD

En apenas los primeros seis meses de 2026, 146 personas murieron a manos de agentes policiales en hechos reportados como intercambios de disparos, una cifra que equivale a casi el 80 % de los 187 fallecidos registrados bajo circunstancias similares durante todo 2025.

Mientras la Policía Nacional sostiene que estos casos son investigados y que sus agentes enfrentan, en su mayoría, a personas armadas, testimonios de familiares y videos de algunos operativos cuestionan la versión oficial sobre cómo ocurrieron varias de esas muertes.

Los números muestran además un cambio en la tendencia. En 2024 fueron reportados 227 fallecidos en estos episodios; la cifra bajó a 187 en 2025, pero durante la primera mitad de 2026 ya alcanzaba 146. Esto significa que, de acuerdo con los datos incluidos en el reportaje, durante ese período murió aproximadamente una persona cada 30 horas en actuaciones policiales.

Una de ellas es Rosmery Galván Kelly, pareja de Jhoel Severino de los Santos, de 33 años, quien murió durante una actuación policial en el sector Los Solares, próximo al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Según la versión inicial de las autoridades, Severino cayó durante un enfrentamiento y en el lugar fue ocupada una pistola Glock.

La mujer asegura que aquel día ella y su esposo estaban en casa. Habían despertado tarde y tomaban café en la sala. Severino le dijo que iría a bañarse y, poco después, ella escuchó disparos. Cuando reaccionó, relata, su pareja ya estaba en el suelo.

Galván Kelly sostiene que no escuchó advertencias ni llamados para que Severino saliera de la vivienda y asegura que los agentes comenzaron a disparar sin que mediara conversación.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, afirmó que entre 15 y 20 policías llegaron a la casa. También asegura que fue esposada y retenida mientras intentaba acercarse a su pareja.

“Desde ese día yo no he podido dormir porque eso es lo único que veo, la cara de ese hombre disparándole a mi esposo”, relató.

Una escena que la familia dice fue alterada

El relato de Rosmery no se limita al momento de los disparos. Asegura que, mientras permanecía retenida en la parte trasera de una camioneta policial, observó a agentes entrar nuevamente a la vivienda con un bulto y posteriormente a otro equipo llegar con guantes y un maletín.

Según su testimonio, vio cómo limpiaban sangre de las escaleras y afirmó que cámaras instaladas en un negocio cercano fueron retiradas y destruidas. La mujer también denunció la desaparición de celulares, prendas y más de 200 mil pesos que, según dijo, estaban destinados a comprar materiales para terminar el negocio que su pareja construía.

Consultado sobre las acusaciones de posible alteración de la escena, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que no tenía conocimiento de esa situación y sostuvo que tendría que ser corroborada mediante una investigación. Explicó además que las muertes violentas pasan a la Inspectoría y a los organismos de control interno de la institución.

La Policía sostuvo que Severino era buscado mediante una orden de arresto relacionada con heridas supuestamente ocasionadas a Ángel Manuel Frías en Villa Altagracia.

Su pareja rechaza esa explicación y afirma que él había estado recientemente ante las autoridades y tenía otra cita judicial pautada. Pesqueira señaló que las circunstancias de su muerte están bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público.

Casi un mes después de presentar su denuncia, Galván Kelly decía que todavía esperaba respuestas.

“Eso es lo que estoy buscando, que me hagan caso, que me escuchen bien, que me ayuden a aclarar la muerte de mi esposo”, expresó.

En la casa quedó a medio terminar el local comercial en el que Severino, según su pareja, planeaba instalar un negocio. También se dedicaba a la música urbana y, cinco años antes de morir, había interpretado una canción sobre los intercambios de disparos, una coincidencia que hoy adquiere otro significado para su familia.

Un video contradice otro “intercambio”

El caso de Severino no es el único incluido en el reportaje en el que la versión policial es cuestionada. Tras la muerte de Marqui Abraham García Gil, la información difundida inicialmente indicaba que había fallecido durante un intercambio de disparos.

Sin embargo, posteriormente circuló un video de una cámara de seguridad que, según el material analizado, muestra a García Gil con los brazos levantados aparentemente en señal de rendición cuando un agente le dispara a corta distancia. Luego se observa a otros policías acercarse y moverlo, mientras una mujer que aparentemente presenció el hecho intenta salir del lugar.

Para Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hechos como estos afectan la confianza de la población en la institución policial. Mercedes sostiene además que ser perseguido por la Justicia o tener antecedentes no elimina el derecho de una persona a ser detenida y sometida al debido proceso.

La Policía, en cambio, defiende que cada muerte es documentada e investigada.

Pesqueira afirmó que cuando se demuestra que un agente excedió el uso de la fuerza, este es suspendido, cancelado y sometido a la Justicia. También señaló que en la mayoría de esos casos se trata de personas armadas que atacan a los agentes durante las operaciones para capturarlas.

Las cifras, incluso, varían según la fuente. Mientras los datos policiales citados en el documento contabilizan 146 fallecidos durante los primeros seis meses de 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura registrar 225 muertes hasta julio, frente a 205 durante todo 2025.

Mercedes cuestiona que no exista una estadística pública unificada que permita establecer con claridad la dimensión del problema.

La organización también advierte que estas muertes continúan produciéndose en medio del proceso de reforma policial. Mercedes afirma que durante los trabajos de transformación se elaboró un reglamento sobre las circunstancias en que los agentes pueden utilizar la fuerza, pero cuestiona hasta qué punto esas normas han sido incorporadas a la formación cotidiana de los policías.

Así, detrás de cada comunicado que habla de un “intercambio de disparos” queda una cuestión que las cifras por sí solas no pueden responder: qué ocurrió realmente durante el operativo.

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Poder Ejecutivo autoriza extradición de dominicano acusado de delitos sexuales contra menores

 Santo Domingo, RD

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 543-26, mediante el cual dispone la entrega en extradición a los Estados Unidos del ciudadano dominicano Mario Juan García, quien es requerido por las autoridades judiciales de ese país para responder por cargos vinculados a delitos sexuales y la protección de menores.

La medida gubernamental responde a la solicitud correspondiente al caso policial No. 2405010020, incoado el 25 de julio de 2025 ante el Tribunal Superior del Estado de Connecticut.

Solicitud del tribunal de Connecticut

De acuerdo con el dispositivo legal, el imputado enfrenta acusaciones formales articuladas en los siguientes cargos:

Agresión sexual en segundo grado, riesgo de causar lesiones a un menor y de promover la participación de un menor en una representación obscena.

Cargos por agresión sexual y riesgo a menor

Con esta disposición, el Estado dominicano formaliza el trámite de cooperación judicial internacional, permitiendo que el acusado sea trasladado a jurisdicción estadounidense para ser procesado conforme al debido proceso en el estado de Connecticut.

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TSS detecta hasta 5,000 afiliaciones irregulares al mes pese a reducción de fraudes

 Santo Domingo, RD

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) continúa detectando entre 4,000 y 5,000 afiliaciones irregulares cada mes, vinculadas a personas que aparecen registradas como empleados de empresas o ayuntamientos donde aseguran nunca haber trabajado.

Aunque la cantidad representa una reducción frente a los hasta 70,000 casos mensuales registrados anteriormente, el esquema de fraude todavía persiste.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, informó a El Informe con Alicia Ortega que alrededor de 333 casos han sido sometidos a las autoridades, mientras la institución ha reforzado sus mecanismos para identificar movimientos sospechosos dentro del sistema.

Las denuncias recopiladas muestran casos de ciudadanos que descubrieron que figuraban en nóminas públicas o privadas sin haber prestado servicios en esas instituciones.

Uno de los casos corresponde a Victoria Viquei de Oviedo de León, residente en Haina, San Cristóbal, quien aseguró que perdió temporalmente su seguro subsidiado luego de aparecer como empleada de dos juntas distritales ubicadas en Matanzas, Peravia, y Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.

Victoria afirmó que nunca trabajó en esos lugares. Los registros reflejaban salarios de entre 800 y 1,600 pesos mensuales.

Otro caso involucra al Picapollo El Cacú, un pequeño negocio ubicado en Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez. Su propietario, Domingo Durán, relató que llegó a descubrir una deuda de casi nueve millones de pesos con la TSS y una nómina que incluía alrededor de 900 supuestos empleados.

Según la investigación, entre 2019 y principios de 2022 el establecimiento llegó a figurar con nóminas de cientos de trabajadores, pese a tratarse de un pequeño negocio. En algunos registros fueron identificados alrededor de 1,250 supuestos colaboradores.

Al contactar a algunas de las personas que figuraban como empleados, varias aseguraron que nunca habían trabajado allí. Parte de ellas indicó que había adquirido seguros de salud mediante intermediarios.

Claves de empleadores, en el centro del esquema

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas durante la investigación, el esquema incluye personas que ofrecen inscribir a ciudadanos en la Seguridad Social a cambio de pagos que pueden oscilar entre 2,000 y 5,000 pesos, aprovechando principalmente la necesidad de quienes buscan acceder a un seguro médico.

Para realizar las afiliaciones se utilizan claves asignadas a los empleadores. Según la TSS, en algunos casos estas credenciales son prestadas, vendidas o entregadas a terceros, quienes posteriormente crean nóminas e incluyen personas que realmente no trabajan para esas empresas.

La institución aclaró que la TSS no inscribe directamente a trabajadores en las empresas, debido a que esa operación solamente puede realizarse mediante la clave asignada a cada empleador. Por esta razón, las denuncias remitidas al Ministerio Público recaen sobre los responsables de las compañías a las que fueron entregadas esas credenciales.

«Como parte de las medidas de control, la Tesorería informó que vigila aumentos repentinos de empleados en pequeñas empresas, ayuntamientos y distritos municipales, además de incrementos atípicos en las recaudaciones».

La TSS recomendó a los ciudadanos revisar periódicamente su historial en la Seguridad Social, debido a que una afiliación fraudulenta podría provocar la pérdida temporal de un seguro contributivo o subsidiado y obligar al afectado a gestionar nuevamente su inscripción.

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Comienza el juicio de fondo por presunto fraude en INTRANT

Santo Domingo, RD

Este martes comienza el juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, Jochy Gómez y otros imputados en el proceso que tiene su origen en las presuntas irregularidades en el contrato para la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Este martes Hugo Beras y Jochy Gómez volverán a los tribunales; esta vez, para enfrentar el juicio de fondo.

Contrato semafórico bajo investigación

El caso se remonta a 2023, cuando el Instituto adjudicó a Transcore Latam un contrato por alrededor de RD$1,317 millones para la modernización, ampliación y gestión del sistema de control de tráfico y la red semafórica.

Meses después, la Dirección General de Contrataciones Públicas detectó irregularidades en el proceso y ordenó la suspensión del contrato.

El Ministerio Público sostiene que detrás de la contratación operó un entramado que habría manipulado el proceso para favorecer intereses particulares, acusaciones que las defensas han rechazado.

En octubre de 2024, las autoridades pusieron en marcha la operación que llevó al arresto de Hugo Beras, Jochy Gómez y otros investigados.

El órgano acusador señala a Gómez como una figura clave dentro de la estructura empresarial vinculada al contrato, mientras atribuye a Beras actuaciones irregulares durante su gestión al frente del Intrant.

Acusación y envío a juicio

Tras meses de investigación y audiencias, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió enviar el expediente a juicio de fondo.

Junto a Beras y Gómez, otros ocho imputados deberán responder ante los jueces por las acusaciones que finalmente fueron admitidas para ser discutidas en el proceso.

A partir de este martes comienza la batalla judicial de fondo. El Ministerio Público tendrá que presentar las pruebas con las que busca demostrar sus acusaciones, mientras las defensas intentarán desmontarlas.

Será ahora el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el escenario donde fiscales y abogados se enfrentarán y donde, al final del proceso, los jueces deberán determinar la responsabilidad o no de cada uno de los acusados.

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Ministerio Público solicita apertura juicio a fiscal que recibió soborno de 10,000 dólares

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura de juicio en contra de Aurelio Valdez Alcántara, un fiscal procesado por supuestamente pedir un soborno a una persona bajo investigación de la que recibió 10,000 dólares estadounidenses, en una entrega controlada por las autoridades en marzo de este año.

El órgano acusador, que presentó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicitó que se admita "de manera total" la acusación presentada contra el procesado, y en consecuencia todos sus elementos de prueba, por ser "útiles, relevantes y pertinentes y por haber sido presentada conforme a los requerimientos de ley".

Asimismo, pidió que se mantenga la medida de coerción impuesta a Valdez y que se mantengan todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes, detalló este lunes el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente, entre los procesos de investigación en los que el acusado participó se encuentra la investigación iniciada a mediados del año 2024 contra el entramado de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La persona que realizó la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado y entonces fiscal Aurelio Valdez, en el mes de diciembre del año pasado.

Tras concluir el interrogatorio Valdez le solicitó al interrogado el número de teléfono, y después le mandó un mensaje vía WhatsApp.

Tras una "serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial", Valdez le dijo al investigado que podía ayudarlo y le propuso que le buscara 200,000 dólares, suma que redujo a 150,000 dólares.

Valdez también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un coche de marca Mercedes Benz.

Posteriormente, ambos acordaron la entrega de 10,000 dólares, tras lo cual se ejecutó una orden de arresto contra Valdez.

Al fiscal acusado le fue impuesta la prisión preventiva el pasado mes de mayo por tiempo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Asimismo, le fue ratificada la prisión el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.

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