viernes, 15 de mayo de 2026

Tras asedio policial en Santiago se entrega “Ñifi” reconocido antisocial buscado por tentativa de homicido en 2025

 Santiago de los Caballeros, RD

La Policía Nacional informó que, tras el asedio y la persecución policial, se entregó de manera voluntaria un reconocido antisocial que era activamente buscado mediante orden de arresto por su presunta vinculación en un hecho de tentativa de homicidio ocurrido en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos).

El detenido fue identificado como Eudy Antonio Infante de León, alias “Ñifi”, de 25 años de edad, quien se presentó ante la sede de la Dirección Regional Cibao Central, acompañado de su representante legal y familiares para responder ante las acusaciones que pesan en su contra.

De acuerdo con el informe preliminar, el prevenido era buscado por un hecho ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2025, en horas de la tarde, en una calle del citado sector, donde resultó herido de bala otro hombre, tras una discusión originada presuntamente por conflictos relacionados con la distribución de dinero producto de actividades ilícitas.

Según las investigaciones, en medio del altercado el ahora detenido habría realizado varios disparos contra la víctima, ocasionándole heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades señalaron que contra “Ñifi” pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0008412-001. Asimismo, al ser depurado en el Sistema Policial figura con cuatro  registros por distintos hechos delictivos incluyendo intento de homicidio y atracos a mano armada. 

La Policía Nacional indicó que el prevenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.

@Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas Dirección Regional Cibao Central, Policía Nacional

Policia Nacional detiene en flagrante delito pareja en Santiago por presunta venta de bebidas adulteradas durante operativo en Cienfuegos

 Santiago de los Caballeros, RD

 Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del distrito municipal de Cienfuegos, informaron sobre la detención en flagrante delito de un hombre y una mujer durante un operativo realizado en el sector La Satélite, tras recibir una llamada de un ciudadano propietario de un establecimiento comercial, quien denunció la presunta venta de bebidas adulteradas.

Los detenidos fueron identificados como Carlos William de los Santos, de 36 años, y su pareja, Santa Charle, de 26, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta tipo minibús, marca Toyota TownAce, color blanco.

Durante la requisa del vehículo, las autoridades ocuparon diversas mercancías, entre ellas bebidas alcohólicas, refrescos, bebidas energéticas, productos comestibles y varios teléfonos celulares.

Entre los artículos ocupados figuran cajas de ron Extra Viejo, Brugal Extra Viejo y Doble Reserva, así como refrescos y otros productos que presuntamente serían adulterados. Esta información será verificada e investigada por las autoridades correspondientes.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del departamento correspondiente para los fines legales de lugar.

@Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas Dirección Regional Cibao Central, Policía Nacional

Juristas advierten extranjeros trasladados al país podrían quedarse mediante recurso de amparo

 Santo Domingo, RD

Expertos en derecho afirmaron que los extranjeros trasladados a República Dominicana como parte de un eventual convenio bilateral tendrían la posibilidad de recurrir a acciones judiciales, como el recurso de amparo, para intentar permanecer en territorio dominicano, alegando protección de sus derechos fundamentales.

Los juristas señalaron que cualquier medida que implique restricción de libertad o movilidad debe respetar el debido proceso, garantizar asistencia legal y permitir el acceso a la justicia. Según explicaron, ninguna limitación puede ser indefinida, arbitraria o inmune al control judicial.

“Si los traen contra su voluntad, con una acción de amparo cualquier juez competente podría disponer su libertad”, expresó uno de los abogados consultados, quien advirtió que el verdadero debate surgiría posteriormente sobre el estatus migratorio de esas personas dentro del país.

Derechos humanos y posibles solicitudes de refugio

Los especialistas también indicaron que, en caso de que alguno de los extranjeros alegue persecución política o riesgos contra su vida en su país de origen, el Estado dominicano estaría obligado a evaluar mecanismos de protección internacional y refugio.

Explicaron que República Dominicana, como Estado suscriptor de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene el deber de proteger a cualquier persona cuya vida o integridad esté amenazada.

En ese sentido, recordaron que las normas internacionales establecen garantías frente a violaciones de derechos fundamentales, especialmente en situaciones relacionadas con persecución política, conflictos o amenazas a la seguridad personal.

Cancillería insiste en que acuerdo sería temporal y controlado

En medio de la controversia generada por el convenio, el canciller Roberto Álvarez aclaró que el mecanismo no contempla asentamientos permanentes ni procesos judiciales prolongados en República Dominicana.

El funcionario explicó que se trataría de una operación “temporal y controlada”, coordinada bajo criterios de soberanía nacional y cooperación internacional, con financiamiento total de Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que ningún extranjero ingresará al territorio dominicano sin la autorización expresa del Gobierno.

Mientras continúan las discusiones sobre el alcance del acuerdo, abogados y representantes del sector jurídico solicitaron que el memorándum sea publicado de manera íntegra para que la población y la comunidad jurídica conozcan sus detalles y posibles implicaciones legales.

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Lilliam Fondeur llama a replantear la educación masculina tras feminicidio de Esmeralda Moreta

 Santo Domingo, RD

La ginecóloga y activista por los derechos de las mujeres, Lilliam Fondeur, expresó su indignación tras el feminicidio de Esmeralda Moreta y aseguró que este caso refleja una problemática estructural vinculada a la manera en que la sociedad educa a los hombres en República Dominicana.

Esmeralda Moreta es la punta del iceberg”, manifestó Fondeur, al cuestionar cómo se forman las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por qué continúan registrándose hechos de violencia de género, pese a las denuncias y llamados de alerta.

La activista afirmó que Esmeralda “hizo lo que tenía que hacer” al acudir a las autoridades en busca de ayuda, y consideró necesario revisar cómo se enseña a los hombres a manejar emociones como la impotencia, el sufrimiento y el fracaso.

Tenemos que empezar a hablar de otra masculinidad”, expresó, señalando que muchas veces las mujeres son vistas “como una pertenencia”, lo que contribuye a perpetuar conductas violentas.

Fondeur también insistió en la necesidad de impulsar políticas públicas y programas educativos desde las escuelas, los medios de comunicación y las campañas publicitarias para prevenir la violencia de género.

Asimismo, recordó que en el Congreso Nacional permanece pendiente la denominada “Ley Mirabal”, iniciativa que, según indicó, debe ser retomada como parte de las acciones para enfrentar este problema social.

La violencia contra la mujer mata a hombres y mujeres”, concluyó la especialista al reclamar mayor voluntad política y compromiso colectivo para combatir la violencia de género en el país.

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Partidos le costaron al Estado en cuatro años la mitad de lo transferido en dos décadas

 Santo Domingo, RD

Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del sistema electoral dominicano recibieron en los últimos 28 años transferencias económicas por parte del Estado ascendentes a 28,712.4 millones de pesos, siendo casi la mitad de esos recursos entregados entre el 2020 y 2024.

Un análisis del economista Nelson Suárez, titulado "Transferencias del Estado a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas 1998-2025", señala que solo entre los primeros cuatro años de esta década a esas organizaciones se les transfirieron 13,725.1 millones, un monto que representa el 47.8 % del período señalado.

Las entidades políticas recibieron, en promedio, 1,025.4 millones de pesos cada año durante el citado lapso, según el documento de Suárez.

Cuatro de los principales partidos del país drenaron el 80.4 % de los fondos destinados a esas organizaciones. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el de la Liberación Dominicana (PLD), el Reformista Social Cristiano (PRSC) y el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibieron 23,098.3 millones de pesos. Los restantes 5,614.1 millones de pesos fueron repartidos entre otros 55 partidos, agrupaciones y movimientos políticos, precisó.

El análisis del economista surge luego de que el Gobierno propusiera reducir un 50 % a la asignación presupuestaria de las organizaciones políticas, dentro de un paquete de medidas de austeridad para enfrentar el impacto económico derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Ley Electoral

Las transferencias o aportes del Estado a los partidos políticos se iniciaron en el 1998 por mandato de la Ley Electoral, que en su artículo 49 dispone la consignación en el presupuesto de un fondo equivalente al 1/2 % de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 1/4 % en el período que no haya comicios, recursos que serían distribuidos según con la proporción de votos obtenidos.

De cumplirse con lo establecido en la legislación sobre asignación económica a los partidos, en el 2026 se debió consignar en el presupuesto un monto de al menos 3,355.6 millones de pesos.

Sin embargo, el Presupuesto General del Estado (PGE) para este año ordena entregar a esas organizaciones 1,620 millones de pesos, que equivalen al 48.3 % de lo que establece la Ley 20-23.

Lo anterior significa que la Ley de PGE para este año modificó, al igual que muchas otras, lo que dispone la Ley Electoral, disminuyendo en 1,735.6 millones de pesos el aporte del Estado a los partidos para este año, señala el análisis de Nelson Suárez.

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