Santo Domingo, RD
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la noche del sábado, por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, el órgano acusador solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja, al alegar la existencia de una pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como elementos que, según el Ministerio Público, corresponden a delincuencia organizada.
La línea de investigación ha cuantificado hasta el momento una sustracción superior a los RD$40 millones.
La procuradora Mirna Ortiz depositó la solicitud, contenida en un documento de unas 525 páginas, junto al procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
Los 25 imputados
Entre los procesados figuran exempleados del SeNaSa, médicos y otras personas que, de acuerdo con la acusación, se habrían coludido para cometer las maniobras fraudulentas contra la ARS estatal.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También están incluidos los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
“Esta es la tercera operación”
Tras depositar la solicitud en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Mirna Ortiz explicó que la investigación sobre el caso Cobra contempla distintas líneas relacionadas con la presunta sustracción de fondos del Seguro Nacional de Salud.
“Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, expresó.
Ortiz indicó que las medidas de coerción fueron solicitadas contra 25 personas, entre ellas médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados del SeNaSa y otras que, según la investigación, se habrían coludido con estos para realizar las maniobras fraudulentas.
“Los fondos del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, sostuvo.
La procuradora de corte agregó que hasta el momento la investigación involucra a personas físicas, aunque advirtió que las pesquisas podrían ampliarse.
“Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando”, manifestó.
37 allanamientos
La Operación Cobra 2.0-A fue desplegada el viernes, con 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También intervino la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Ahora corresponde al tribunal fijar la fecha para conocer la audiencia de medida de coerción.
Los cargos investigados
El Ministerio Público señala que el entramado habría afectado a afiliados del SeNaSa mediante maniobras que provocaron pérdidas de miles de millones de pesos a esa ARS pública.
A los involucrados en el proceso se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante las investigaciones, el órgano acusador asegura haber recabado evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
Según la acusación, se trata de un esquema que habría sido instalado desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación de prestadores de servicios de salud.
Primera etapa de la Operación Cobra
En la primera etapa de la investigación, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado, junto a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público sostiene que, a partir de la Operación Cobra, inició el proceso de judicialización con miras a obtener sanciones penales y el decomiso de los recursos que, según la investigación, fueron sustraídos del patrimonio público.
Operación Onco14
Dentro de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público también puso en marcha en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas vinculadas, según la acusación, a una estructura que habría utilizado maniobras fraudulentas para enriquecerse a costa del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
De acuerdo con el Ministerio Público, Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y posteriormente ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que administra el IORC durante el período en que Lora Cruceta presidía la asociación sin fines de lucro.
La investigación sostiene que las maniobras habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao, a pacientes con cáncer y al propio SeNaSa.
@elnuevodiario.com.do
