martes, 3 de noviembre de 2026

EE. UU. vota hoy bajo la amenaza de una ola demócrata contra Trump

 Washington, Estados Unidos 

Estados Unidos celebra hoy martes 3 de noviembre, unas elecciones legislativas que podrían convertirse en el mayor revés político de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Las últimas encuestas apuntan a una considerable recuperación del Partido Demócrata, con posibilidades de conquistar la Cámara de Representantes y disputar el control del Senado, un escenario que hasta hace pocos meses parecía mucho menos probable.

La señal más contundente llegó el domingo, cuando una batería de sondeos de The New York Times y Siena College colocó a los candidatos demócratas por delante de sus adversarios republicanos en siete estados decisivos: Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas, Alaska e Iowa.

Los resultados son particularmente llamativos porque incluyen territorios donde los republicanos han disfrutado de una sólida ventaja electoral. En Texas, James Talarico supera a Ken Paxton por 50 % frente a 43 %, mientras que en Michigan Abdul El-Sayed aventaja a Mike Rogers por 53 % contra 42 %.

En Maine, Troy Jackson obtiene 51 % frente al 45 % de Susan Collins; en Kansas, Adam Hamilton alcanza 49 % contra 44 % de Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown supera a Jon Husted por idéntico margen. Alaska e Iowa presentan diferencias mucho más estrechas, de dos y un punto, respectivamente. 

El conjunto de resultados ha alimentado las expectativas de una auténtica ola azul, como se conoce a las grandes victorias demócratas. Sin embargo, la prudencia resulta indispensable: varias ventajas están dentro del margen de error y una equivocación sistemática de las encuestadoras podría alterar significativamente el desenlace.

Trump, el verdadero protagonista

Aunque el presidente no figura en las papeletas, su gestión constituye el principal elemento de juicio para millones de electores. Las elecciones de mitad de mandato funcionan tradicionalmente como un referéndum sobre el ocupante de la Casa Blanca, especialmente cuando su partido controla también el Congreso.

La situación económica ocupa un lugar central. El costo de la vida, el precio de los combustibles, la incertidumbre comercial y las consecuencias de la guerra con Irán han erosionado la confianza de sectores que respaldaron a Trump en 2024.

Su aprobación ronda el 39 %, según el promedio de encuestas citado por The Washington Post, mientras los demócratas aventajan a los republicanos en aproximadamente ocho puntos en la intención nacional de voto legislativo. 

A ello se suman las controversias sobre inmigración, las tensiones institucionales y una política exterior que ha generado resistencias incluso entre antiguos simpatizantes republicanos.

La oposición intenta transformar ese descontento en votos, mientras Trump presenta la elección como una decisión entre la continuidad de su proyecto político y el retorno de los demócratas al poder legislativo.

El Congreso y los límites al presidente 

Lo que está en juego supera ampliamente el reparto de escaños. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y se disputan 35 puestos senatoriales, además de gobernaciones y numerosas legislaturas estatales.

Los republicanos defienden sus mayorías en ambas cámaras. Una victoria demócrata en la Cámara permitiría bloquear iniciativas presupuestarias, intensificar investigaciones parlamentarias y someter a mayor escrutinio las actuaciones del Ejecutivo.

Si los demócratas conquistaran también el Senado, las consecuencias serían todavía más profundas. Trump perdería buena parte de su capacidad para impulsar nombramientos judiciales y altos cargos federales, además de encontrar mayores obstáculos para su agenda legislativa.

Un Congreso dividido obligaría al presidente a negociar. Una derrota en ambas cámaras podría convertir sus últimos dos años de mandato en un período de confrontación institucional permanente. 

¿Una ola real o un espejismo estadístico?

La gran interrogante es si las encuestas están captando correctamente al electorado. En 2016 y 2020, varios sondeos subestimaron el respaldo a Trump y a candidatos republicanos.

Esta vez, los estudios de Siena muestran una tendencia favorable a los demócratas incluso en estados conservadores. Sin embargo, los márgenes de error, situados aproximadamente entre cuatro y cinco puntos en varios territorios, aconsejan evitar pronósticos categóricos.

El director de Siena, Don Levy, reconoce que una mayoría demócrata en el Senado constituye una posibilidad concreta, pero advierte que cualquiera de los partidos podría terminar controlándolo.

La participación será decisiva. Una movilización excepcional de votantes republicanos, particularmente en zonas rurales, podría frustrar algunas de las expectativas demócratas. 

@diariolibre.com

Cancelación arbitraria de cédula tardó diez años en resolverse por demora del TSA

 Santo Domingo, RD 

La Junta Central Electoral (JCE) canceló la cédula de identidad de Antonio Tomás Javiel por una supuesta irregularidad en su acta de nacimiento. En 2015, el hombre consiguió una sentencia que ordenaba devolverle el documento, pero la institución recurrió la decisión y el expediente permaneció más de diez años estancado en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El expediente finalmente llegó al Tribunal Constitucional (TC) en junio de 2026 y, cuatro meses después, la alta corte confirmó que la JCE había actuado arbitrariamente, al cancelar el documento sin demostrar la supuesta irregularidad. Además, llamó la atención al TSA por la demora de más de una década en remitir el recurso.

La sentencia TC/1148/26 no precisa cuánto tiempo estuvo Javiel sin su cédula ni si llegó a recuperarla después de obtener una primera decisión favorable en 2015, aunque sí se puede establecer que desde septiembre de 2014 el ciudadano reclamaba información sobre su caso, por lo que estuvo al menos 12 años sin su documento de identidad. 

Al no conseguir una solución, el 3 de agosto de 2015 interpuso una acción de amparo y el 16 de noviembre de ese mismo año la Tercera Sala del TSA le dio la razón. El tribunal determinó que la JCE había vulnerado sus derechos fundamentales y le ordenó expedir nuevamente su cédula en un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación.

Sin embargo, la JCE interpuso un recurso de revisión el 25 de febrero de 2016, alegando que no podía entregar un documento sustentado en un registro de nacimiento irregular.

Ese recurso permaneció más de diez años sin llegar al TC. Fue remitido el 18 de junio de 2026 y finalmente decidido en octubre.

Una irregularidad de la JCE

La historia de Javiel se remonta a 1995, cuando sus padres, Tomacito Tomás y Germania Javiel, declararon tardíamente su nacimiento, ocurrido el 18 de abril de 1951. Con esa acta, la propia JCE le expidió su cédula de identidad y electoral.

Años después, durante los trabajos de digitalización de los libros del Registro Civil y depuración del padrón electoral, la institución detectó una supuesta duplicidad de identidad y decidió cancelar el documento.

La JCE sostenía que Javiel había sido inscrito irregularmente en un libro del Registro Civil que ya estaba clausurado. También alegó que existían dos declaraciones de nacimiento, correspondientes a 1965 y 1995, por lo que no podía determinar con certeza su identidad.

Pero durante el proceso judicial la institución no pudo demostrar que el ciudadano tuviera dos identidades distintas, ni presentó la documentación correspondiente a una segunda acta de nacimiento.

El TC observó que la JCE confundía dos situaciones diferentes. Una persona puede tener dos identidades, con nombres, padres o fechas de nacimiento distintos, o puede aparecer registrada dos veces con los mismos datos. Ninguna de esas circunstancias quedó demostrada en este caso.

Tampoco se acreditó que Javiel o sus familiares hubieran cometido algún fraude al declarar su nacimiento.

Por el contrario, el Constitucional estableció que la irregularidad identificada provenía del propio Registro Civil, específicamente del funcionario que asentó el nacimiento en un libro que ya había sido clausurado.

"De esto se infiere, claramente, que la irregularidad no fue cometida por quien produjo la declaración, sino por el funcionario actuante del Registro Civil", señala la sentencia.

El tribunal sostuvo que un ciudadano no puede cargar con las consecuencias de la negligencia de la administración, especialmente cuando esa actuación afecta derechos tan importantes como la identidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica.

Además, la JCE no demostró haberle notificado formalmente la cancelación ni haber agotado un procedimiento administrativo que le permitiera conocer y responder a las irregularidades que se le atribuían.

Para el TC, la institución tenía facultades para investigar y depurar los registros, pero debía hacerlo respetando el debido proceso. También tenía la responsabilidad de procurar una solución a la irregularidad detectada, en lugar de dejar al afectado la carga de resolverla.

Diez años de demora judicial

La actuación de la JCE no fue la única cuestionada. Al examinar el expediente, el TC comprobó que el recurso interpuesto en febrero de 2016 permaneció hasta junio de 2026 sin ser remitido a esa alta corte.

En otras palabras, aunque el ciudadano había conseguido una sentencia favorable desde noviembre de 2015, el recurso presentado por la institución contra esa decisión tardó más de diez años en llegar al tribunal encargado de resolverlo.

El TC dedicó un apartado de su sentencia a esa demora y llamó expresamente la atención al TSA para que remita oportunamente los recursos de revisión constitucional.

Advirtió que las dilaciones irrazonables e injustificadas en los procesos de amparo pueden constituir faltas contra la buena administración de justicia y comprometer, según las circunstancias, la responsabilidad del Poder Judicial.

Incluso señaló que impedir, por acción u omisión, el desenvolvimiento normal de un procedimiento podría constituir una denegación de justicia.

La alta corte recordó que estas situaciones son especialmente delicadas cuando se trata de personas vulnerables que requieren una protección judicial reforzada.

Un adulto mayor

El Constitucional también tomó en consideración la edad de Javiel, quien actualmente tendría 75 años, según su fecha de nacimiento registrada en la sentencia.

Los jueces señalaron que la JCE se había limitado a defender sus facultades de depuración del padrón electoral, sin considerar las consecuencias que la cancelación del documento podía tener para una persona de edad avanzada.

Entre esas consecuencias mencionaron las dificultades para realizar trámites que requieren acreditar la identidad y, especialmente, para acceder a los servicios de salud.

El tribunal consideró que la institución tenía el deber de actuar de manera más diligente para proteger sus derechos, en vez de colocarlo en una situación de incertidumbre por una irregularidad originada en sus propios registros.

También explicó que, aunque en 2022 cambió su jurisprudencia para establecer que determinadas reclamaciones sobre documentos de identidad deben ventilarse mediante una demanda civil de validez de acta de nacimiento, ese criterio no podía aplicarse en perjuicio de Javiel, cuyo proceso había comenzado bajo una interpretación más favorable al amparo.

Finalmente, el TC rechazó el recurso de la JCE y confirmó la sentencia que ordenaba expedir la cédula.

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Fallece Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, rectora de Utesa Santiago

 Santo Domingo, RD

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) comunicó la noche de este lunes el "sentido" fallecimiento de la rectora de su sede, la doctora Lily Josefina Rodríguez González de Eloy.

Se desconocen las causas de su fallecimiento, así como los detalles de las honras fúnebres.

La academia informó sobre el hecho a través de su cuenta en Instagram. Añadió que, ante la muerte de su académica, las labores docentes y administrativas quedaban suspendidas en la sede (ubicada en Santiago) y en los centros regionales.

Lily Josefina Rodríguez González de Eloy fue elegida rectora de la sede de Utesa en junio de 2016. Tenía más de 10 años en el cargo de manera ininterrumpida.

En Utesa se desempeñó como asistente administrativa de la rectoría, docente, directora de desarrollo profesoral, vicerrectora de Investigación y Postgrado. Laboró también en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

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lunes, 2 de noviembre de 2026

Justiniano Montero, un juez de carrera, es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia

 Santo Domingo, RD 

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió este lunes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante una sesión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Montero sustituye a Luis Henry Molina, quien había comunicado su decisión de no optar por otro período al frente del alto tribunal.

La elección se produce casi dos meses después de que el propio Consejo Nacional de la Magistratura ratificara a Montero como juez de la Suprema Corte para un nuevo período de siete años, el pasado 8 de septiembre.

Hasta su designación, el magistrado presidía la Primera Sala de la Suprema Corte, especializada en asuntos civiles y comerciales.

El nuevo presidente llegó al máximo tribunal en abril de 2019, luego de desarrollar una carrera judicial que comenzó en diciembre de 1998, cuando fue designado juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.

Antes de ingresar al Poder Judicial, ejerció la abogacía privada entre 1990 y 1998.

Posteriormente, ocupó posiciones en juzgados de primera instancia y cortes de apelación del Distrito Nacional y Santo Domingo.

Entre enero de 2014 y abril de 2018 se desempeñó como director general interino de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.

También cuenta con maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además de sus funciones jurisdiccionales, ha ejercido la docencia universitaria y representa a República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

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Nuevo requisito para viajar a EE. UU.: pasajeros deberán firmar una declaración a partir de mañana

 Santo Domingo, RD 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) exigirán a todas las personas que viajen en avión hacia territorio estadounidense declarar, mediante un formulario firmado, que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

La disposición entrará en vigor el martes 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 de la noche, hora estándar del Este, y se aplicará a los vuelos que salgan de cualquier país extranjero con destino a Estados Unidos a partir de ese momento.

La exigencia también incluye a quienes hayan transitado por un aeropuerto de la República Democrática del Congo, incluso si no abandonaron las instalaciones aeroportuarias.

Puedes descargar el nuevo formulario en este enlace.

Requisitos de la declaración

La orden fue emitida inicialmente el 22 de octubre por los CDC, organismo adscrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y posteriormente modificada el 28 de octubre para aclarar que la disposición abarca a todas las personas que viajen en cualquier tipo de aeronave, incluidos los miembros de las tripulaciones de vuelos comerciales y de carga.

De acuerdo con las instrucciones del organismo, los pasajeros deberán completar una declaración, conocida como attestation, en la que certifiquen que no han estado en ese país africano durante el período establecido. El documento podrá firmarse físicamente, mediante una firma digital autenticada o a través de una casilla de confirmación electrónica.

La normativa establece que las aerolíneas y los operadores de aeronaves deberán verificar, antes o al momento del abordaje, que todas las personas a bordo hayan completado la declaración o que esta haya sido presentada por un representante autorizado en su nombre.

Las compañías también tendrán que impedir que aborden quienes no hayan completado y presentado el documento, a menos que cuenten con una exención otorgada por el Gobierno de Estados Unidos.

Además, deberán conservar una copia de cada declaración durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a territorio estadounidense y entregarla a las autoridades federales cuando estas lo soliciten.

Los CDC advirtieron que proporcionar deliberadamente información falsa o engañosa puede acarrear multas penales y penas de prisión, conforme a la legislación federal estadounidense.

La disposición forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias estadounidenses ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. No obstante, los CDC señalaron que el riesgo general para la población estadounidense y los viajeros continúa siendo bajo.

La orden también está acompañada de un aviso de cumplimiento del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que establece directrices relacionadas con su aplicación por parte de las compañías aéreas.

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