Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de Haití firmaron el “Pacto Nacional por la Estabilidad y la Organización de Elecciones”, respaldando al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé como jefe de un poder ejecutivo unificado. Sectores que apoyan el acuerdo lo consideran un avance hacia la celebración de elecciones y la recuperación de la institucionalidad, mientras que voces críticas advierten que el documento no establece una fecha clara para el fin de la transición y podría favorecer la concentración del poder.
La iniciativa surge luego de la conclusión del mandato del Consejo Presidencial de Transición el pasado 7 de febrero, en medio de un escenario político marcado por la incertidumbre y la falta de consenso institucional.
Entre los firmantes figuran organizaciones y partidos vinculados a figuras relevantes del panorama político haitiano, como la plataforma Fanmi Lavalas del exmandatario Jean-Bertrand Aristide, el Parti Haïtien Tèt Kale asociado al expresidente Michel Martelly, el movimiento EDE del ex primer ministro Claude Joseph, sectores ligados al ex jefe de Gobierno Ariel Henry y la plataforma RED encabezada por Renald Lubérice, exasesor del fallecido presidente Jovenel Moïse.
El abogado y dirigente político André Michel, integrante del Acuerdo del 21 de diciembre, señaló que la firma representa un acto de responsabilidad destinado a encaminar el cierre del prolongado proceso de transición política. En la misma línea, el ex primer ministro Jean-Henry Céant expresó que su organización respaldó el pacto como una muestra de compromiso con el diálogo y la búsqueda de estabilidad.
De acuerdo con borradores discutidos durante las conversaciones, el pacto otorga al Consejo de Ministros la facultad de gobernar desde el 7 de febrero de 2026 hasta la celebración de elecciones y la instalación de nuevas autoridades. El acuerdo también encomienda al gobierno restablecer la seguridad, organizar los comicios junto al Consejo Electoral Provisional y avanzar en una reforma constitucional que incluiría la realización de un referendo simultáneo con la primera vuelta electoral.
El documento no fija una fecha concreta para el final del período transitorio, pero establece mecanismos de coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales y la fuerza internacional de apoyo contra las pandillas, además de proponer la reactivación de programas de desarme, desmantelamiento y reintegración.
Asimismo, el pacto contempla que los funcionarios que aspiren a cargos electivos deberán abandonar sus posiciones dentro del gobierno en un plazo máximo de un mes tras la firma.
Sectores que respaldan la iniciativa consideran que el acuerdo podría representar un paso práctico para retomar el orden constitucional tras años de pactos paralelos, disputas de poder y elecciones pospuestas. La crisis política se ha profundizado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, hecho que desencadenó una sucesión de fórmulas de transición y aumentó la desconfianza entre los actores políticos y la población.
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