El mayor general Adán Cáceres Silvestre podría pasar hasta 20 años en prisión si el tribunal acoge la solicitud del Ministerio Público, que lo señala como uno de los principales cabecillas de una presunta red de corrupción administrativa que habría desviado más de 4,500 millones de pesos del Estado dominicano.
La fiscalía pidió además que Cáceres y otros implicados, entre ellos Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, paguen 400 salarios mínimos por los delitos imputados, que incluyen desfalco, prevaricación, lavado de activos y violación a la Constitución.
Para Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, el Ministerio Público solicitó 15 años de prisión, señalando que desempeñó un papel clave en el ocultamiento y lavado de activos, al facilitar el manejo de recursos obtenidos de manera ilícita mediante mecanismos financieros y patrimoniales diseñados para dar apariencia de legalidad a los fondos sustraídos.
Durante la audiencia, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó al tribunal imponer penas máximas y el decomiso de propiedades, vehículos y activos financieros, que pasarían a favor del Estado, sustentando su petición con pruebas materiales recopiladas durante la investigación.
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