La Fiscalía de La Altagracia solicitó formalmente la imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Jefte Rafael Ventura Jiménez, acusado de presunta difamación e injuria a través de medios electrónicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, al imputado se le atribuye la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acción judicial surge tras la difusión de una serie de videos publicados en las cuentas de Instagram @hablandodevehiculos y @jefte_ventura, además de contenidos compartidos en YouTube y WhatsApp, en los que el imputado habría realizado afirmaciones calificadas como falsas y maliciosas contra la empresa PETROMÓVIL, S.A. y el abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez.
Detalles de la acusación
Según el expediente, el 14 de mayo de 2025 Ventura Jiménez publicó material audiovisual en el que afirmaba que la referida empresa impedía la evaluación de la calidad de su combustible y que el Ministerio de Industria y Comercio calificaba el producto de manera despectiva. Asimismo, le atribuyó al empresario amenazas contra su integridad personal.
La querella establece que el imputado habría utilizado documentos y gráficos que no se corresponden con la realidad para sustentar sus denuncias, generando presuntamente un daño a la reputación comercial de la franquicia y a la honra profesional de los querellantes.
Fundamentación legal e impacto
El Ministerio Público sustenta su solicitud en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas a través de medios digitales con penas de prisión y multas. En el expediente se señala que el acusado habría actuado con intención de desacreditar a la empresa.
Los querellantes alegan que las publicaciones han provocado una disminución en los ingresos de las estaciones de servicio, particularmente en Higüey, además de generar desconfianza entre consumidores.
Otras solicitudes
Además de la prisión preventiva, la Fiscalía solicitó al Juzgado de la Instrucción:
La extracción oficial de los videos de las plataformas digitales mediante el DICAT o el INACIF, a fin de preservar la evidencia.
La declaración de secreto total de las actuaciones para garantizar el curso de la investigación.
El resarcimiento civil por los daños y perjuicios alegadamente causados.
La empresa PETROMÓVIL, S.A. reiteró su compromiso con los estándares de calidad y afirmó que sus operaciones se encuentran bajo supervisión de los organismos técnicos reguladores del país.
@z101digital.com/
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