La empresa Petromóvil desmintió este lunes que las acciones legales emprendidas contra Jefte Ventura respondan a opiniones emitidas por este en redes sociales, y aseguró que se trata de una respuesta a una “campaña sistemática de descrédito” en su contra y de sus ejecutivos.
En un comunicado, la compañía afirmó que en el país se ha difundido “una sola versión de los hechos”, la cual calificó de “errática, abusiva y alejada de la verdad”. Asimismo, sostuvo que las declaraciones de Ventura han sido “falsas y manipuladas”, incluyendo acusaciones sin pruebas que lo vinculan con supuestas prácticas de contrabando.
Petromóvil explicó que, ante lo que describe como difamaciones persistentes, asedio y provocaciones al personal en estaciones de servicio, decidió recurrir a los mecanismos legales establecidos en la legislación dominicana para proteger su reputación y actividad comercial.
También señaló la existencia de evidencia pública en la que el propio Ventura, tanto ante un juez como en sus redes sociales, reconoce haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo. Este hecho, según la compañía, genera serias interrogantes sobre el propósito real de sus actuaciones.
Sobre los cuestionamientos en torno a la calidad del combustible, la empresa indicó que Ventura habría manipulado de forma maliciosa certificados de inspección emitidos por AIVIPET S.R.L., entidad autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio para realizar muestreos a todas las distribuidoras del país. Según detalló, estos estudios se rigen por los parámetros de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.
La compañía recordó que en República Dominicana ninguna marca refina combustible de manera independiente, ya que el suministro proviene en un 70 % de importaciones gestionadas por el Estado y en un 30 % de la Refinería Dominicana de Petróleo, lo que —según afirmó— garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad.
Petromóvil también denunció que Ventura visitó varias de sus estaciones para grabar contenidos en los que, sin evidencias, aseguraba la venta de combustible alterado e instaba a los consumidores a no adquirir sus productos, lo que —según la empresa— afecta a más de 500 empleados directos y unos 2,000 indirectos.
En ese contexto, Petromóvil recordó que el marco jurídico dominicano contempla sanciones para conductas como difamación, chantaje y extorsión, citando disposiciones de la Constitución, el Código Penal, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
“Lo ocurrido no es un ejercicio responsable del periodismo ni de la comunicación, sino acciones orientadas a generar daño reputacional con fines particulares”, expresó la empresa.
Asimismo, indicó que el tribunal competente encontró méritos suficientes para iniciar un proceso penal e imponer medidas de coerción contra el imputado.
Finalmente, Petromóvil destacó que cuenta con más de 30 años de operación en el mercado dominicano, asegurando que ha mantenido estándares de calidad en sus productos y servicios. La empresa hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a manejar la información con responsabilidad y evitar difundir contenidos basados en desinformación o ataques infundados.
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