Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra "avances significativos" en la transformación institucional y eficacia de la Justicia en República Dominicana, así como en su capacidad resolutiva, mientras señala "desafíos persistentes" de carácter estructural que limitan el acceso efectivo.
El documento 'Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano', elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en cumplimiento de plazos, precisó este lunes la oficina en Santo Domingo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estos resultados han sido reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.
Entre los hitos más relevantes, de acuerdo a la información, se encuentran la implementación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66 % de los trámites procesados electrónicamente. Asimismo, existe una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
Según el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9 % de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo.
En ese sentido, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución de 100.5 %, mientras que la provincia de Santo Domingo y Montecristi, con desarrollo humano medio bajo, y bajo, respectivamente, reportan un 90.8 % y 87.9 % cada una.
El documento agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.
El análisis se complementa con un estudio de opinión no representativo que permitió conocer opiniones asociadas al uso, experiencia y percepción de los servicios judiciales, evidenciando la importancia de utilizar procesos de escucha activa que acerquen los servicios y procesos con las necesidades de las poblaciones usuarias.
El PNUD afirma que uno de los resultados a mencionar es que 36.3 % de personas usuarias consultadas reportaron haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, citando en orden de prioridad: demoras en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención.
También revela que, de las personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias.
“Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca el informe.
El documento, además de analizar resultados y examinar brechas, y sobre la base de experiencias regionales, entre otras, propone una serie de recomendaciones asociadas a fortalecer y ampliar los avances y reducir barreras de acceso y respuesta en los servicios.
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