La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó ayer que cualquier apelación contra el descargo del exfuncionario seguirá careciendo de fundamento jurídico y correrá la misma suerte que la imputación inicial. Esta fue desestimada en el fallo del pasado viernes, en el que se rechazó la acusación de presunta corrupción.
De manera similar se expresaron los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia (2012-2020), José Ramón Peralta, quienes atribuyeron a "debilidades estructurales del expediente" que también este fuera favorecido con un no ha lugar por la jueza.
La magistrada Altagracia Ramírez, además, rechazó la acusación del Ministerio Público contra otros tres imputados: Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.
Sin embargo, Ramírez dictó apertura a juicio de fondo contra más de veinte imputados y diez empresas debido a que determinó que sí habían "elementos de pruebas aportados suficientes para justificar la probabilidad de una condena en esa etapa".
El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantó el mismo viernes que apelarán el descargo a favor de los dos exministros y los otros tres imputados.
Según la acusación, estos habrían desarrollado una red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando un perjuicio económico que las autoridades estiman en miles de millones de pesos. La investigación sostiene que los imputados habrían gestionado expropiaciones y acuerdos de pago de manera irregular para beneficiar a determinadas personas.
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