El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar dictados por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, y otros tres imputados en el caso Operación Calamar.
La jueza Altagracia Ramírez dispuso la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y sus empresas, además de otras 33 personas acusadas de integrar una estructura de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.
Camacho valoró como un avance significativo que 35 de los 40 acusados hayan sido enviados a juicio, aunque insistió en que todos los imputados deben responder ante los tribunales por los hechos que se les atribuyen.
"De las 40 personas acusadas, entre físicas y jurídicas, 35 fueron enviadas a juicio, incluyendo a Donald Guerrero y Ángel Lockward, quienes forman parte del eje operativo de esta estructura criminal", expresó el procurador adjunto al ser abordado por periodistas tras la lectura de la decisión.
Entre los procesados que enfrentarán juicio figuran también Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
La magistrada Ramírez rechazó las solicitudes de las defensas que buscaban la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
No obstante, Camacho adelantó que el Ministerio Público recurrirá la decisión que favoreció a cinco de los acusados.
"El Ministerio Público va a apelar esos autos de no ha lugar porque, de la sola lectura de la decisión, resulta evidente que el tribunal incurrió en una errónea valoración de varias pruebas", sostuvo.
Explicó que el tribunal acogió testimonios como los de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero que al momento de emitir los autos de no ha lugar no valoró adecuadamente esos mismos elementos probatorios.
"Esos testimonios fueron citados por el propio tribunal durante la audiencia, pero no fueron tomados en cuenta al dictar los autos de no ha lugar", afirmó.
Asimismo, señaló que uno de los favorecidos con la decisión habría admitido en documentos incorporados al expediente haber escrito de su puño y letra nombres de varias personas, incluyendo algunas fallecidas.
"Es evidente que existe una contradicción y una errónea apreciación de las pruebas, razón por la cual apelaremos esa parte de la decisión", enfatizó.
Camacho recordó que los hechos investigados ocurrieron en el Ministerio de Hacienda y destacó que el titular de esa institución durante el período señalado, Donald Guerrero, fue enviado a juicio junto a otros 34 imputados.
"Esto demuestra que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para sostener la acusación y lograr la apertura a juicio", indicó.
La jueza Ramírez concluyó que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba para comprometer la responsabilidad penal de los acusados enviados a juicio por su presunta participación en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Calamar.
El equipo litigante estuvo encabezado por Wilson Camacho e integrado por los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente quedó en estado de fallo el pasado 27 de marzo de 2026, fecha en la que concluyeron los debates. La audiencia de lectura de la decisión inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó después de las 11:00.
La sentencia fue entregada en formato digital a las partes, mientras que la jueza realizó una lectura resumida de los aspectos principales debido a lo avanzado de la hora.
El caso
Según la acusación, los imputados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el uso de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.
La investigación también sostiene que la red desvió recursos destinados al pago de compromisos de distintas instituciones públicas e implementó un esquema de sobornos vinculado a la regulación de los juegos de azar.
El Ministerio Público acusa a los procesados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
Para sustentar la acusación, los fiscales presentaron más de 1,278 medios de prueba.
La Operación Calamar fue ejecutada el 18 de marzo de 2023 mediante 40 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, con la participación de 40 fiscales, cientos de agentes policiales, técnicos especializados y personal de apoyo.
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