El Ministerio Público aseguró que ha identificado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados, como parte de las irregularidades investigadas en la Operación Cobra 2.0-A.
La información fue ofrecida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien explicó que el órgano acusador persigue un esquema que habría operado desde SeNaSa con la participación de exempleados de la institución y médicos que tenían códigos asignados.
“Un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, manifestó Ortiz al referirse al entramado investigado.
La representante del Ministerio Público indicó que el órgano acusador estaba preparado para continuar con el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra las 26 personas arrestadas en esta nueva fase del caso, luego de que la audiencia fuera aplazada para este miércoles 23 de septiembre.
Ortiz explicó que el aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo para examinar las pruebas depositadas por el Ministerio Público. También incidió la incorporación de una nueva imputada al proceso.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas, las muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público para sostener esta medida”, señaló.
La titular de la Pepca agregó que el proceso fue fusionado con el de una nueva persona, que se integra al grupo de médicos sometidos a la justicia.
Durante la audiencia, Ortiz presentó el depósito de la solicitud de medida de coerción contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades la mañana del lunes.
El juez Rigoberto Sena fijó la continuación de la audiencia para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva
El órgano acusador solicitó que el caso sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados, entre ellos exempleados de SeNaSa y médicos señalados en la investigación.
La solicitud incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, así como a Ysabel Heredia Vallejo y otros profesionales de la salud vinculados al expediente.
El Ministerio Público sostiene que la complejidad del proceso responde a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como a la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada.
Antecedentes de la investigación
La Operación Cobra constituye una nueva fase de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción en SeNaSa. En la primera etapa, puesta en marcha el año pasado, fueron arrestados el entonces director ejecutivo de la institución, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros imputados.
Según el Ministerio Público, el expediente incluye presuntos hechos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que durante la investigación ha recabado evidencias de presuntos sobornos, adulteraciones de estados financieros y programas especiales que habrían sido utilizados para distraer fondos públicos mediante maniobras fraudulentas.
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el pasado mes de junio el Ministerio Público también puso en marcha la Operación Onco14, vinculada a presuntas irregularidades que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes y al SeNaSa.
Por ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Según la información del Ministerio Público, Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Los señalamientos contenidos en los expedientes corresponden a imputaciones del Ministerio Público y deberán ser examinados por los tribunales en el curso del proceso judicial.
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