Santo Domingo, RD
Durante las audiencias, el tribunal ha escuchado testimonios y conocido elementos relacionados con las condiciones estructurales del local antes de la tragedia, mientras se espera que este viernes 16 de octubre el juez Franny González decida sobre varios incidentes planteados por las partes.
Entre estos figura la solicitud de los abogados querellantes para que se modifique la calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual. La decisión podría incidir en el desarrollo posterior del proceso, aunque sus efectos dependerán de lo que determine el tribunal.
Peritaje señala sobrecarga en el techo
Uno de los testimonios relevantes fue el del ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), quien expuso sobre la capacidad de carga del techo de la discoteca.
De acuerdo con lo explicado durante el juicio, la estructura estaba prevista para soportar una carga aproximada de 160 libras por metro cuadrado, pero la evaluación presentada estimó que esta llegó a unas 625 libras por metro cuadrado.
El peritaje relacionó esa sobrecarga con la colocación de varias capas de cemento sobre el techo. Estos elementos forman parte de las pruebas que se conocen en el proceso para establecer las condiciones de la estructura antes de su desplome.
Testigo habla de filtraciones antes de la tragedia
Durante otra audiencia, Gregory Adames, exempleado y sobreviviente del colapso, declaró que las filtraciones en el establecimiento comenzaron antes de la pandemia y que había informado reiteradamente sobre el problema a los propietarios.
Según su testimonio, las reparaciones se realizaron con conocimiento y consentimiento de Antonio y Maribel Espaillat. Sus declaraciones forman parte de los elementos que las partes han presentado para sustentar sus respectivas posiciones sobre las condiciones del establecimiento antes de la tragedia.
En el juicio también se han incorporado mensajes de WhatsApp que, según los abogados querellantes, podrían aportar información sobre el conocimiento de los riesgos y las actuaciones posteriores al desplome. Estas afirmaciones forman parte de los planteamientos de los representantes de las víctimas y deberán ser valoradas por el tribunal junto con las demás pruebas.
Un proceso con decenas de testigos
La acusación del Ministerio Público consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales.
Desde el inicio del juicio, el 28 de agosto de 2026, se han celebrado alrededor de ocho audiencias, en las que han declarado 15 de los testigos previstos, según el balance presentado sobre el desarrollo del proceso.
La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó mientras numerosas personas se encontraban en el establecimiento. El hecho provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas.
Tras el suceso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por 18 meses contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat. Sin embargo, la jueza Fátima Veloz impuso a cada uno una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ambos fueron puestos en libertad bajo esas medidas el 20 de junio de 2025, las cuales posteriormente fueron ratificadas en apelación.
Mientras continúa el conocimiento de las pruebas, los familiares de las víctimas mantienen su reclamo de justicia y esperan que el proceso permita establecer las responsabilidades correspondientes.
La decisión prevista para este viernes sobre los incidentes planteados por las partes será uno de los próximos puntos relevantes del juicio.
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